La jueza federal Araceli Martínez-Olguín, que supervisa el caso antimonopolio presentado por doce fiscales generales estatales para bloquear la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, ha cuestionado los términos del acuerdo alcanzado entre las partes durante una audiencia celebrada este jueves. La magistrada no ha emitido aún un fallo sobre si aprueba o no el pacto propuesto y ha señalado que resolverá «a su debido tiempo».
La vista, celebrada de forma virtual, estaba destinada a abordar las «cuestiones pendientes» del acuerdo, según la propia jueza. Martínez-Olguín ha expresado sus reservas sobre varios puntos legales del texto, lo que ha impedido que la operación reciba el visto bueno judicial inmediato que algunos actores esperaban. La decisión final queda, por tanto, en suspenso.
El acuerdo, alcanzado el lunes entre Paramount y los fiscales generales estatales, pone fin a dos demandas antimonopolio y despeja el camino para que la fusión, valorada en 111.000 millones de dólares, pueda cerrarse en las próximas semanas. La operación uniría dos de los mayores estudios de Hollywood y daría lugar a un gigante del entretenimiento con una posición dominante en producción y distribución de contenidos.
Fuentes del sector de fusiones y adquisiciones han señalado que el pacto supone una victoria para el sector tecnológico, que gana terreno en el negocio de los medios tradicionales. La oficina del fiscal general de California ha insistido en que el acuerdo «no es el resultado de una colusión», respondiendo así a las críticas sobre la rapidez con la que se ha alcanzado el entendimiento.
El caso se remonta a la oposición de una docena de estados, que consideraban que la concentración empresarial reduciría la competencia en el mercado audiovisual y perjudicaría a los consumidores. La jueza Martínez-Olguín ha sido la encargada de evaluar si el acuerdo satisface las exigencias legales y protege el interés público.
Mientras se espera la resolución judicial, Paramount ha comenzado a mover ficha en el plano financiero. La compañía ha iniciado la sindicación de un préstamo a plazo garantizado de 7.500 millones de dólares, parte del paquete de financiación necesario para completar la adquisición. En total, Paramount pretende recaudar aproximadamente 44.400 millones de dólares para costear la operación.
El calendario previsto por la empresa apunta a que la fusión pueda cerrarse en las próximas dos semanas, siempre que la jueza dé su aprobación al acuerdo. La demora en la decisión judicial introduce un elemento de incertidumbre, aunque los analistas siguen considerando probable que la operación salga adelante.
El caso ha generado un intenso debate sobre el poder de las grandes corporaciones del entretenimiento y el papel de los reguladores. La resolución de la jueza Martínez-Olguín será determinante no solo para el futuro de Paramount y Warner Bros. Discovery, sino también para el sector en su conjunto, que observa con atención cómo se resuelve uno de los mayores movimientos corporativos de los últimos años.