El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos quejas disciplinarias contra el juez Juan Carlos Peinado, quien instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión, adoptada por mayoría y con el voto de calidad de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, supone que el tribunal superior valore si el magistrado incurrió en faltas leves de desconsideración y retraso injustificado en el ejercicio de sus funciones.
Los expedientes se envían al TSJ de Madrid, que es el órgano competente para investigar a jueces y magistrados destinados en la comunidad. Fuentes del CGPJ han indicado que los vocales discrepantes han anunciado que formularán votos particulares, lo que refleja la división interna en el órgano de gobierno de los jueces respecto al procedimiento abierto contra Peinado.
Las quejas se refieren a dos incidentes específicos ocurridos durante la instrucción del caso que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. En concreto, se le reprocha haber mostrado una actitud de desconsideración hacia alguna de las partes personadas y haber demorado sin justificación la resolución de ciertas diligencias. Estas conductas, de ser confirmadas, podrían constituir faltas disciplinarias leves tipificadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El CGPJ ha tramitado estas quejas después de que distintas partes del proceso presentaran denuncias ante el órgano de gobierno de los jueces. Ahora, el TSJ de Madrid deberá decidir si abre un expediente disciplinario formal al juez Peinado, lo que podría derivar en una sanción como una advertencia, multa o incluso un traslado forzoso en caso de que se apreciaran faltas más graves.
Juan Carlos Peinado es uno de los jueces más visibles del panorama judicial español desde que asumió la instrucción del caso contra la esposa del presidente del Gobierno. Su actuación ha estado rodeada de polémica, con críticas tanto de sectores políticos como jurídicos por la celeridad de algunas decisiones y la forma de interrogar a los testigos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya le ha corregido en varias ocasiones, anulando algunas de sus resoluciones por considerarlas contrarias a derecho.
La remisión de estas quejas al TSJ se produce en un momento de fuerte tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, agravada por la investigación a Begoña Gómez. El presidente del Gobierno ha defendido la presunción de inocencia de su mujer y ha cuestionado la imparcialidad del juez, mientras que desde el CGPJ se subraya la independencia judicial y la necesidad de respetar los procedimientos.
Los vocales discrepantes en el CGPJ han adelantado que sus votos particulares argumentarán que las quejas debieron archivarse directamente por falta de fundamento, o que el órgano no debió remitirlas al TSJ sino a la Comisión Disciplinaria del propio Consejo. Esta divergencia interna refleja la complejidad del caso y la sensibilidad política que lo envuelve.
El TSJ de Madrid tiene ahora la responsabilidad de valorar los hechos y decidir si abre expediente. En caso de hacerlo, se nombrará un instructor que investigará los cargos y propondrá una sanción, que luego deberá ser ratificada por la Sala de Gobierno del tribunal. Todo el proceso podría alargarse varios meses, mientras la instrucción del caso principal contra Begoña Gómez continúa su curso en el juzgado de Peinado.