El Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados ha confirmado su rechazo al segundo decreto ley de vivienda, el que contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler, lo que aboca a la norma al fracaso en su convalidación parlamentaria. La formación jeltzale votará en contra al considerar que la medida representa un «ataque» directo al pequeño propietario y provocará una contracción inmediata de la oferta de alquiler en el mercado.
«El Gobierno español no puede pretender solucionar en dos días lo que no ha resuelto en 8 años», ha denunciado el PNV, que censura al Ejecutivo central por «legislar en caliente» en materia residencial. Para los nacionalistas vascos, la renovación forzosa de los contratos es una propuesta «contraproducente» y «perjudicial» para la ciudadanía, ya que castiga al pequeño arrendador y retira oferta de vivienda del mercado de forma inmediata.
En cambio, la representación vasca otorgará un respaldo crítico al primer decreto ley, destinado a proteger a colectivos vulnerables e incrementar la oferta de vivienda asequible. Pese a calificar el texto como un «parche puntual» con importantes carencias, los diputados jeltzales justifican su aval positivo en que la norma introduce mejoras para los arrendadores y para los inquilinos en riesgo social.
Entre las medidas que cuentan con el visto bueno del PNV figura el endurecimiento de la regulación sobre el alquiler de temporada para atajar fraudes de ley, así como la obligación de que los pisos turísticos tributen un 10% de IVA al considerarse actividad económica. Asimismo, el decreto recoge la condición exigida por los vascos de que la prórroga del alquiler habitual solo sea posible cuando la persona arrendataria haya abonado la renta con regularidad en los últimos ocho meses. Esta cláusula busca aportar seguridad jurídica al arrendador y garantizar protección a quien cumple.
Desde el PNV recuerdan que en Euskadi más del 90% del mercado del alquiler está en manos de particulares, por lo que sostienen que la responsabilidad de garantizar alternativas habitacionales debe recaer sobre la Administración pública y no sobre los arrendadores privados. La formación asume el compromiso de continuar negociando durante la tramitación para precisar la definición de los fondos buitre y limitar la actividad de las personas jurídicas. De forma paralela, reclamará la articulación de compensaciones económicas dirigidas a los propietarios de dos o menos viviendas en situaciones de impago de renta, con el fin de evitar que los pequeños ahorradores asuman en solitario las cargas de la vulnerabilidad social.
Sin los cinco votos del PNV, el Gobierno se queda sin los apoyos necesarios para convalidar el segundo decreto incluso aunque Junts finalmente votara a favor. El «no» de los nacionalistas vascos se suma al rechazo inamovible de PP y Vox. El Ejecutivo necesita más «síes» que «noes» para aprobar la norma. Hasta el momento, han anunciado su apoyo PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG, Compromís y Podemos, mientras Junts y Coalición Canaria mantienen en el aire sus votos. El Gobierno tiene garantizados solo 165 votos, con lo que ni siquiera llegaría a una mayoría relativa con los apoyos de la formación de Puigdemont y el único diputado de Coalición Canaria.
El PNV reclama al Gobierno central mayor «seriedad y rigor» tanto en las negociaciones como en la redacción normativa para acordar medidas integrales que resuelvan el problema de fondo. La formación asegura que no se posicionará en la trinchera política, pero insiste en que son necesarias reformas estructurales que no se limiten a quienes ya tienen un alquiler, sino que beneficien a quienes buscan acceder al mercado.