Junts ha confirmado su voto en contra de los dos decretos de vivienda del Gobierno, incluido el que contempla medidas de protección frente a los desahucios, y ha exigido al Ejecutivo su retirada y la elaboración de un nuevo texto. La formación independentista catalana comunicó su decisión este jueves por la noche, horas antes del pleno extraordinario que se celebra este viernes en el Congreso de los Diputados, dejando los dos textos abocados al fracaso.
El segundo decreto, relativo a la renovación automática de los alquileres, ya estaba sentenciado de antemano por el rechazo anunciado de Junts, el PNV y Coalición Canaria. El primero, que concentra las medidas de mayor alcance y que incluía concesiones a los socios conservadores del Gobierno, dependía de la abstención de los posconvergentes. Sin ella, tampoco prosperará. El documento contemplaba prórrogas de dos años para los alquileres cuya vigencia finalice en 2028 y una protección contra los desahucios, entre otras medidas.
Para Junts, se trata de una norma que acabaría «haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder a él para las familias de clase media y trabajadora». Por ese motivo, el partido ha pedido a su grupo que reclame al Ejecutivo su retirada y le inste a elaborar «inmediatamente un nuevo texto que empiece a revertir la grave situación de la vivienda». Solo cuando ese nuevo texto esté listo y se apruebe en Consejo de Ministros darán su voto favorable.
Fuentes de Moncloa aseguraron una hora después del anuncio que no se producirá ninguna retirada. El Gobierno considera que ha buscado «consenso a la altura de las demandas» y sostiene que ha llegado el momento de que PP, Vox y Junts «demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores, con las clases medias y trabajadoras o con las élites». El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue más categórico en redes sociales: «Los que pretendían responsabilizar al PSOE, ¿son conscientes ya de cuáles son las limitaciones? Los que decían 'un decreto y que se retraten' una vez más erraron. Ahora sí que se han retratado, pero de verdad».
Fuentes de Sumar añadieron que todavía quedaban «12 horas» para que los catalanes reflexionaran. El presidente Pedro Sánchez había pedido «altura de miras» a los grupos durante su intervención en la inauguración del Foro La Toja y les instó a dejar a un lado «la ideología» y «las confrontaciones partidistas» ante una cuestión que calificó de «pura humanidad». «Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras», afirmó Sánchez. La vicepresidenta Yolanda Díaz insistió: «No hay nada que retirar. O con la gente o con los especuladores».
Antes del comunicado de Junts, el primer decreto contaba con 172 síes y 171 noes. El apoyo de EH Bildu, ERC, Compromís y BNG, el respaldo «crítico» de Podemos y PNV y el apoyo in extremis de Coalición Canaria permitían albergar cierta esperanza en el Ejecutivo. Una vez más, Junts se ha convertido en el factor determinante para la supervivencia de una iniciativa sensible, confirmando la falta de una mayoría que sustente a la coalición. El órdago de los posconvergentes pone contra las cuerdas a un Gobierno que, pese a llevar casi ocho años en el poder, ha tenido que reaccionar en el último momento al pulso de la calle ante la crisis habitacional con dos decretos negociados en la última semana.
Las protestas ciudadanas, lideradas por el Sindicato de Inquilinas tras el desalojo de Maricarmen Abascal y la posterior acampada en la Puerta del Sol de Madrid, habían reclamado a los partidos que permitieran la convalidación de ambos decretos, que consideran insuficientes pero necesarios. Esa petición queda en agua de borrajas. Los manifestantes planeaban una posible réplica del «Rodea el Congreso» de 2012 y han convocado a rodear las Cortes durante la votación.
El Partido Popular, por su parte, ha advertido de una «ola de pleitos» como consecuencia de los decretos «chapuza» y ha recordado que votará en contra al entender que no solucionan el problema, sino que lo agravan. El vicesecretario Juan Bravo apuntó que, aunque el propio Ejecutivo reconoce en el primero de los textos que existe un problema de oferta, los dos ahondan solo en el alquiler y, en su opinión, de forma errónea. Creen además que, de salir adelante, fomentarán la inquiokupación y traerán «confrontación, una ola de recursos en el ámbito judicial y enfrentamientos».