El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que no incluya en los anexos de sus informes información innecesaria o irrelevante ni datos personales ajenos a los hechos investigados en el caso Plus Ultra, que tiene como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La decisión, adoptada mediante un auto dictado este viernes, responde a la solicitud de la defensa del exmandatario socialista, quien denunció la difusión indiscriminada de sus datos personales tras la filtración de las agendas íntegras y conversaciones de WhatsApp del expresidente, contenidas en un informe policial del pasado 22 de junio.
El magistrado, que instruye la causa en el Juzgado Central de Instrucción número 4, ha manifestado a la UDEF que los anexos que se incorporen a sus informes «se limiten estrictamente a los hechos a los que estos hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados». Con esta medida, Calama atiende la petición formulada el 26 de junio por la defensa de Zapatero, que emplazó al juez a tomar medidas para evitar la difusión indiscriminada de datos personales y a ordenar a la Policía Judicial que limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos delimitados en el auto de investigación.
En el auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez expone que el tribunal «comparte la preocupación manifestada en relación con la salida al exterior de datos incluidos en las presentes actuaciones» y recuerda que ya se acordó la apertura de una investigación destinada a determinar la autoría de las filtraciones. Aunque apunta que los anexos al informe «no pueden ser objeto de expurgo en sentido propio», Calama indica que ordenará que los documentos que se incorporen se limiten estrictamente a los hechos a los que los informes hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados.
El juez también ha reclamado a la Subdirección General de Impulso e Innovación de la Policía Nacional que emita un informe técnico sobre medidas adicionales que puedan incrementar la protección de los documentos subidos a la nube y «evitar que su contenido pueda ser extendido a terceros sin autorización judicial». Esta solicitud busca reforzar la seguridad de los datos almacenados en el sistema informático del juzgado y prevenir futuras filtraciones que puedan vulnerar el derecho a la intimidad de las personas investigadas.
La defensa de Zapatero había solicitado además la devolución del informe policial a la UDEF para que «se desglose y se extraiga de los autos al ser hechos ajenos a los investigados», argumentando que los datos filtrados fueron obtenidos como resultado de una investigación prospectiva y no autorizada. Sin embargo, Calama no se ha pronunciado sobre esta petición en el auto, dejando abierta la posibilidad de que se adopten nuevas medidas en función del desarrollo de la investigación sobre las filtraciones.
El caso Plus Ultra investiga presuntas irregularidades en la concesión de créditos por parte de la entidad pública Plus Ultra a empresas vinculadas al expresidente Zapatero, quien ha negado cualquier actuación ilícita. La filtración de sus agendas y conversaciones de WhatsApp ha generado un intenso debate sobre los límites de la investigación judicial y la protección de datos personales, especialmente en causas que involucran a altos cargos públicos. El juez Calama ha subrayado la necesidad de equilibrar el derecho a la investigación con el respeto a la intimidad, y ha instado a la Policía a extremar el cuidado en la elaboración de los informes periciales.
La decisión del magistrado se produce en un contexto de creciente preocupación por las filtraciones de información sensible en procesos judiciales de alto perfil. La investigación sobre la autoría de las filtraciones sigue en curso, y el juez ha ordenado que se identifique a los responsables de la difusión de los datos personales de Zapatero. Mientras tanto, la defensa del expresidente ha valorado positivamente la medida, aunque insiste en que se deben adoptar garantías adicionales para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.