La acogida de los menores que entraron irregularmente en Ceuta la semana pasada ha provocado un choque institucional entre el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el PP. La dirección nacional de los populares, a través de su secretario general, Miguel Tellado, ha cerrado la puerta al traslado de los niños y adolescentes a otros territorios y ha exigido que todos los migrantes, menores incluidos, «vuelvan por donde han venido». El Ejecutivo, en cambio, recuerda que, tras la última reforma de la Ley de Extranjería, las comunidades están obligadas a aceptar el reparto cuando una autonomía supera su capacidad de acogida.
Tellado aseguró este martes que lo ocurrido en Ceuta no es una «crisis migratoria», sino de «seguridad nacional», y defendió la expulsión de todas las personas que accedieron de forma irregular al territorio, sin hacer excepción con los menores. «Ha entrado una avalancha de casi 80.000 personas a la ciudad autónoma y el Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, vuelvan a salir», espetó el número dos del PP, que también recurrió a las palabras «invasión» y «avalancha» para definir los hechos. Preguntado expresamente por la situación de los menores, no admitió ninguna excepción.
Sus declaraciones contrastan con las del presidente de Ceuta, el también popular Juan Jesús Vivas, que el lunes se mostró partidario de «esgrimir el imperativo de la ley» que obliga a las comunidades a acoger a los menores cuando las instalaciones de otra autonomía están desbordadas. Vivas afirmó que la ley «la vamos a cumplir a rajatabla» y recordó que no se trata solo de legislación nacional, sino de directivas comunitarias y convenciones internacionales firmadas por España. El presidente ceutí había pedido acelerar los trámites para descongestionar su sistema de acogida trasladando menores a otras comunidades.
La reforma de la Ley de Extranjería impulsada por el Gobierno el año pasado, que el PP rechazó, salió adelante gracias al voto decisivo de Junts. Ese cambio legal impide ahora a las comunidades negarse a recibir a una parte de los menores cuando una autonomía con los servicios de acogida sobrepasados solicita ayuda. De ahí que Tellado haya tratado de desplazar el marco del debate hacia la «seguridad nacional» para justificar la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a participar en el reparto.
Mientras tanto, la situación en Ceuta es de desbordamiento. Las autoridades locales cifraron este martes en torno al millar el número de menores extranjeros que permanecen en la ciudad, aunque el portavoz del Gobierno municipal, Alejandro Ramírez, admitió que no podía dar una cifra exacta porque todavía hay muchos niños y adolescentes por las barriadas y las calles. «La situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) es totalmente de caos y de desborde, lo cual hace que la situación ahora mismo sea muy insostenible y muy complicada para la ciudad», lamentó Ramírez. La previsión es que el número siga aumentando a medida que se localice a los menores que aún no han sido incorporados al sistema de protección.
Al rechazo de la dirección nacional del PP se suma la presión de Vox, tanto a escala estatal como en las comunidades donde la formación ultraderechista comparte gobierno con los populares: Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. El Gobierno ha anunciado la entrega de 25 millones de euros a Ceuta para ampliar sus servicios de acogida, mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, da por zanjada la crisis con la Unión Europea e insiste en que el CNI no llegó a activar la alerta de emergencia. Este martes, el líder de Vox, Santiago Abascal, rechazó que «ni un euro de los españoles» se destine «a menas, a ilegales, a invasores» o a «mafias del tráfico de personas». En su cuenta de X, la formación afirmó que «los falsos menas» deben ser «deportados» y que «los niños» han de ser enviados «a casa con sus padres».
Las tesis de Vox están ya presentes en los acuerdos de coalición que ha firmado con el PP en los últimos meses. El pacto andaluz expresa un «rechazo frontal» a la llegada de «más menores extranjeros no acompañados» y estipula la «supresión total» de subvenciones a ONG que, según el texto, «favorezcan la inmigración ilegal». Los acuerdos de Castilla y León, Aragón y Extremadura son prácticamente idénticos: PP y Vox se comprometen a oponerse «por todos los medios legales, jurídicos y políticos» a cualquier mecanismo de reparto de menores.