El desalojo de Maricarmen, una vecina de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en su casa del distrito madrileño de Retiro, ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede un policía o un bombero negarse a participar en un desahucio por motivos de conciencia? La expulsión, ejecutada este miércoles tras cuatro intentos fallidos, se produjo con un amplio despliegue policial y en medio de una fuerte resistencia vecinal y sindical. La mujer, que fue sacada en ambulancia, vivía en un inmueble adquirido por el fondo Urbagestión, que pretendía quintuplicar su alquiler, de 500 a 2.500 euros, una cifra inasumible para una pensión de unos 1.350 euros.
La actuación policial, con más de una decena de furgones y cargas contra los manifestantes, algunos rociados con gas pimienta, ha reavivado el cuestionamiento sobre a quién protege realmente el concepto de «seguridad ciudadana». En este contexto, el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos han señalado la contradicción de que agentes y bomberos participen en desalojos forzosos en plena crisis de la vivienda. Un agente de la Policía Nacional en Madrid, que prefiere mantener el anonimato, explica que, al aceptar el cargo, los policías asumen limitaciones que otros funcionarios no tienen: «Nuestra función específica es cumplir y hacer cumplir la ley vigente. Eso nos deja con una serie de limitaciones: por ejemplo, que la seguridad ciudadana nunca se puede descuidar ni cuando pasa por encima de nuestra ideología». Reconoce haber realizado «detenciones con mucha pena y contradicción», pero lo asume como parte del deber.
La situación de los bomberos es diferente. Aunque no están destinados de forma habitual a los desahucios, pueden ser requeridos para colaborar en tareas concretas. En julio de 2024, tras la expulsión de Zohra, una vecina de Lavapiés, surgió la Plataforma de Bomberos contra los Desahucios, un grupo estatal que reclama el derecho a no participar en estos operativos. «En nuestro caso, la reclamación no se mueve tanto por el derecho a la objeción de conciencia como a que no hay concepto legal que ampare directamente nuestra participación», sostiene César Contreras, miembro de la plataforma. Contreras argumenta que su reglamento les obliga a colaborar con otros servicios públicos solo si el caso se ajusta a sus competencias, y compara su situación con la del Samur: «Si les llaman es solo para atender a los afectados, no para inmiscuirse directamente en el desahucio». A su juicio, si la orden judicial les menciona expresamente, no tienen nada que decir, pero si son cuerpos de seguridad y su presencia no es estrictamente necesaria, deberían poder negarse.
El caso de Maricarmen no es un episodio aislado. En los últimos años, Madrid ha sido testigo de numerosos desalojos de vecinos que han visto cómo un nuevo propietario compraba su bloque o incrementaba exponencialmente el precio de su vivienda. Valverde 42, en Malasaña, donde 18 inquilinos descubrieron la venta del edificio a Vencar Capital; General Lacy 22, con una vecina de 26 años en su casa a punto de salir junto a 32 familias; María Guerrero 1 y la quiebra que trasladó el bloque a la Sareb; o Salvia 1, en Tetuán, con el conflicto con el fondo Elix Rental Housing, son solo algunos ejemplos de una lista que no deja de crecer. La indignación se ha extendido por las calles y las redes, con actos de protesta que han contado con el apoyo de figuras del mundo de la música y el cine.
El debate sobre la objeción de conciencia en desahucios sigue abierto. Mientras algunos agentes defienden que su deber es cumplir la ley sin excepciones, otros colectivos, como los bomberos, reclaman un marco legal que les permita negarse a participar en lo que consideran una injusticia. La crisis de la vivienda y la actuación de los fondos de inversión han convertido este asunto en un tema central de la agenda social y política en España.