Leonardo Marcos, exdirector general de la Guardia Civil, ha negado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haber presionado o interferido en el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) en las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Marcos, que ha declarado como investigado en el denominado caso Leire Díez, ha rechazado las acusaciones que apuntan a que trató de obstaculizar las pesquisas sobre David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo.
Según fuentes jurídicas, el exdirector del instituto armado ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa, y ha sostenido que nunca dio instrucciones sobre el contenido de los informes ni conoció de antemano sus conclusiones. Su declaración se produce después de que el magistrado le imputara a petición de la acusación popular que ejerce el PP, que ya había solicitado la imputación de la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su número dos.
La investigación del juez Pedraz se centra en las supuestas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para boicotear causas judiciales y desacreditar a la UCO. En este contexto, el exjefe de la UCO Rafael Yuste señaló a Marcos como la persona que, en una reunión celebrada el 12 de julio de 2024, calificó de «totalmente prospectivo y malintencionado» el informe sobre David Sánchez y criticó que la unidad pidiera analizar correos electrónicos. Según el relato de Yuste, en ese encuentro Marcos afirmó que la credibilidad de la UCO y del instituto armado estaba por los suelos e instó a que el siguiente informe estuviera «analizado» y «sin nada».
El jefe de la policía judicial, Alfonso Alberto López Malo, también se refirió a Marcos ante los investigadores, asegurando que en una reunión mostró su enfado por el informe de la UCO y por no haber tenido conocimiento previo a su entrega. Sin embargo, Marcos ha negado estas versiones y ha explicado que su único interés era aclarar las filtraciones a la prensa. Según su relato, primero llamó al mando de la UCO al considerar que se había filtrado el registro a la Diputación de Badajoz, por la retransmisión en directo de una televisión autonómica, y después se reunió con los mandos para abordar lo que consideraba una «cultura de la filtración».
El exdirector ha admitido que pidió a la unidad que finalizara con rapidez el siguiente informe, y ha justificado que consideraba «atípico y llamativo» que una investigación sobre Badajoz se hubiera encargado a la UCO, con la consiguiente carga de trabajo. En todo caso, ha negado haber dado indicaciones sobre el contenido y ha asegurado que nunca se reunió con los investigadores que elaboraban los informes, sino únicamente con la cadena de mando de más alto nivel. También ha afirmado que no conocía a Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, a quien según la investigación Leire Díez buscaba desacreditar.
En la misma jornada, ha declarado como testigo el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, quien ha señalado que envió por WhatsApp al entonces número dos de la Fiscalía General, Diego Villafañe, una querella contra Leire Díez. Según las fuentes consultadas, recibió en respuesta un informe de la Secretaría Técnica, no elaborado por Villafañe, de ocho páginas, que apuntaba a que la competencia era de Badajoz, aunque mantuvo su criterio de que no era así y finalmente la querella fue remitida a Madrid. El fiscal también ha negado que recibiera instrucciones de la Fiscalía General respecto al caso de David Sánchez.
La comparecencia de Marcos se enmarca en una causa que investiga si se intentó obstaculizar causas que afectaban al PSOE y al Ejecutivo. El exdirector de la Guardia Civil ha rechazado haber pronunciado la expresión «ponerse de perfil», que aparece recogida en un oficio de la propia UCO sobre las supuestas presiones que habría recibido Rafael Yuste. Marcos ha defendido que nunca intervino en el trabajo de los agentes ni quiso conocer el contenido de sus investigaciones, y ha insistido en que su actuación se limitó a tratar de esclarecer las filtraciones que, a su juicio, dañaban la credibilidad de la institución.