Una crisis migratoria sin precedentes y que ha traspasado fronteras. Los ministros de Interior de la Unión Europea mantienen este martes una reunión extraordinaria y telemática para analizar la situación desencadenada en Ceuta, en un clima de fuertes discrepancias entre España y varios socios comunitarios por la gestión de la frontera. El encuentro, convocado a petición del Gobierno español y celebrado en pleno agosto, reunirá a los Veintisiete para intentar articular una respuesta común ante las imágenes de la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma.
España defenderá ante sus homólogos que practica «una política migratoria responsable» y que cumple la normativa fronteriza comunitaria, según fuentes del Ministerio del Interior. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicará que se trata de una política «preventiva, no cortoplacista», basada en la cooperación con países de origen y tránsito como Mauritania, Senegal, Gambia y Marruecos, y que ofrece «resultados estables y sólidos». En la reunión también expondrá las cifras de llegadas irregulares, que según Interior se han reducido más de un 42%.
La convocatoria llegó después de que Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y, sobre todo, Italia criticaran la política migratoria del Ejecutivo español y llegaran a plantear el restablecimiento de los controles fronterizos con Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta a Bruselas en la que expresaba su «seria preocupación» por la reacción de algunos gobiernos europeos y pedía una reunión urgente. En esa misiva, Sánchez calificaba de «asimétrica» la respuesta del resto de Estados miembros y criticaba a quienes optaron por «atacar a España» y «pedir su exclusión temporal del espacio Schengen», una actitud que atribuía a «prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos».
La posición española contrasta con la de 22 países cuyos líderes firmaron el sábado otra carta dirigida a António Costa y Ursula von der Leyen, presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión, respectivamente, en la que también reclamaban una videoconferencia extraordinaria. Esos países advierten de que políticas como la regularización de un «número muy elevado» de inmigrantes pueden actuar como «factores de atracción» y vinculan la crisis de Ceuta con la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que la ley española de extranjería no permite las llamadas «devoluciones en caliente». Según los firmantes, esa resolución ha sido utilizada para «desencadenar este ataque» y «abusar» del sistema europeo de migración y asilo.
La misiva está suscrita por Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. Pese a que no se ha detectado ningún desplazamiento no autorizado desde Ceuta hacia el resto de Europa, estos países avisan de que están dispuestos a «reforzar o reintroducir controles temporales» en las fronteras interiores. «No podemos permitir que los cruces masivos descontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas creen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea», señala el escrito.
En las horas previas a la reunión, Von der Leyen ofreció una primera respuesta oficial de Bruselas. En una carta enviada el lunes, la presidenta de la Comisión alabó la gestión «eficiente y eficaz» de España y Marruecos, pero insistió en que Europa debe «hacer más» en sus fronteras exteriores. Aboga por una «rigurosa vigilancia», por aumentar «barreras físicas cuando sea necesario» y por dar «una respuesta europea común» basada en la acción «unida y solidaria». También propone redoblar la prevención de llegadas irregulares, reforzar la cooperación con terceros países, desarrollar sistemas de alerta temprana, desmantelar las redes de tráfico de migrantes y acelerar los retornos.
Italia es, previsiblemente, el país más crítico con España. El Gobierno de Giorgia Meloni anunció el viernes la suspensión del acuerdo Schengen con España, lo que se ha traducido en la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con conexiones con el país. La decisión eleva la tensión en un encuentro donde el Ejecutivo español defenderá que no se puede dudar de su compromiso con las obligaciones europeas ni cuestionar su diligencia en materia migratoria. El reto de fondo sigue siendo cómo responder de forma coordinada a los movimientos migratorios masivos en las fronteras exteriores de la Unión.