Veintidós países de la Unión Europea han reclamado a las instituciones comunitarias una respuesta urgente y coordinada ante la crisis migratoria de Ceuta y han señalado la política de regularización de España como posible «factor de atracción» para la entrada irregular. En una carta dirigida a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, y al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, los firmantes piden que se convoque una videoconferencia extraordinaria de los ministros de Interior del bloque.
Los líderes advierten de que medidas como la regularización de un «número muy elevado» de inmigrantes pueden incentivar nuevos cruces y debilitar la confianza en la política común de asilo. La misiva relaciona lo ocurrido en la ciudad autónoma con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que la legislación española de extranjería no permite las denominadas devoluciones en caliente, una resolución que, según los firmantes, ha sido utilizada para «desencadenar este ataque» y «abusar» del sistema europeo de migración y asilo.
Ante el riesgo de que se produzcan movimientos secundarios hacia otros países del espacio Schengen, los gobiernos firmantes avisan de que están dispuestos a «reforzar o reintroducir controles temporales» en las fronteras interiores, aunque reconocen que hasta ahora no se ha detectado ningún desplazamiento no autorizado desde Ceuta hacia el resto de Europa.
«No podemos permitir que los cruces masivos descontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas creen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea», sostienen en el texto. A su juicio, sería especialmente peligroso que se extendiera la idea de que «la entrada ilegal de un migrante puede convertirse en una estancia legal», porque ello podría alentar nuevas tentativas de entrada, erosionar la confianza en las políticas comunitarias y provocar repercusiones para todos los Estados miembros.
La carta está suscrita por los líderes de Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. Varios de ellos ya habían reclamado endurecer la respuesta europea y algunos, como el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, han defendido el restablecimiento de controles fronterizos internos o incluso el estudio de una suspensión temporal de España del espacio Schengen.
Francia se ha desmarcado de esta iniciativa. Su ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha descartado «absolutamente» esa posibilidad y ha reivindicado la «muy, muy, muy buena cooperación» bilateral con España en materia migratoria. Tampoco se han sumado a la misiva Irlanda, Luxemburgo y Portugal.
En la carta, los firmantes celebran la cooperación entre España y Marruecos para garantizar el rápido retorno de las personas que accedieron a Ceuta y confían en que, con el respaldo de la Unión, la situación quede «completamente bajo control». Por ello, piden a la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE que convoque con carácter urgente una reunión extraordinaria de los titulares de Interior para realizar una evaluación común, coordinar la respuesta y movilizar los instrumentos comunitarios disponibles.
La petición coincide con la que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, trasladó horas antes a las instituciones europeas para articular una respuesta común ante la crisis. Sánchez expresó su «seria preocupación» por la reacción de algunos gobiernos europeos y denunció una respuesta «asimétrica» basada, a su juicio, en «prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos». El presidente del Gobierno criticó a los ejecutivos que han optado por «atacar a España» y reclamar su exclusión temporal del espacio Schengen, una posición que considera contraria al Derecho europeo y a los principios de solidaridad comunitaria.
El dirigente socialista defendió la gestión de la crisis junto a Marruecos, que ha permitido «retornar a la práctica totalidad de los migrantes que cruzaron de forma irregular» y evitar movimientos posteriores no autorizados hacia la Europa continental.
Ursula von der Leyen ha confirmado la recepción de «cartas de varios líderes» y ha acogido «favorablemente» la petición de celebrar una videoconferencia extraordinaria para hacer balance de lo sucedido. La presidenta de la Comisión Europea subrayó que la lucha contra la migración ilegal «exige solidaridad y una respuesta europea unida» y defendió la necesidad de extraer «lecciones» de la crisis para «reforzar la resiliencia europea». En su opinión, el retorno de la gran mayoría de quienes cruzaron hacia el enclave español es una «buena noticia» y demuestra que el sistema comunitario de control de fronteras exteriores es «sólido», aunque «debe reforzarse aún más».