El nuevo Reglamento General de Circulación entra en vigor este jueves en toda España con el objetivo declarado de proteger a los usuarios considerados vulnerables, como motoristas, ciclistas y peatones. Sin embargo, asociaciones de conductores y despachos especializados en la gestión de multas advierten de que la norma contiene lagunas que pueden provocar un aluvión de reclamaciones y un aumento de la litigiosidad en los tribunales.
El título VI del reglamento se refiere a las zonas urbanas y establece unas bases comunes para todos los municipios que después deben desarrollar los ayuntamientos en sus respectivas ordenanzas. En este punto surge el primer problema. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) señala «contradicciones técnicas en la aplicación práctica» de la normativa, ya que puede haber disparidades entre localidades. La asociación habla de un «reino de taifas vial» y de un incremento de la inseguridad jurídica, y advierte de que lo que es legal en una avenida puede ser motivo de sanción al cruzar la acera del municipio vecino.
Entre las principales novedades del texto destacan las medidas para reforzar la seguridad de ciclistas y motoristas. Los motoristas deberán llevar guantes y calzado cerrado, sin excepciones. Los conductores que rebasen a un ciclista tendrán que hacerlo a un mínimo de un metro y medio de distancia y a 20 kilómetros por hora por debajo de la velocidad máxima permitida en la vía. En ciudad, quien circule detrás de una bicicleta en el mismo carril deberá dejar cinco metros de margen. Además, los repartidores en bicicleta estarán obligados a llevar un chaleco reflectante durante su actividad laboral.
Precisamente estos preceptos son los que pueden desembocar en un tsunami de recursos en los tribunales, según Pyramid Consulting, especializada en la gestión de multas de tráfico. La compañía avisa de que el próximo año será conflictivo por tres razones. En primer lugar, porque algunas obligaciones se refieren únicamente a quien está trabajando, y habrá que probarlo: no basta con que el conductor parezca un repartidor. En segundo término, por la dificultad de demostrar en las denuncias las distancias y las velocidades que exige la norma, ya que deberá recogerse dónde ocurrió, qué maniobra se hizo, cuál era el límite de la vía y cómo se midió la distancia o la velocidad. Y, por último, por los plazos transitorios: que convivan obligaciones ya vigentes con otras que aún no lo son, o con requisitos técnicos pendientes de desarrollo, como en el caso de los guantes, facilitará errores al tramitar las denuncias.
La norma también hace hincapié en los patinetes eléctricos, que tendrán un marco común para todo el país. A partir de este jueves se establece un mínimo de 15 años para su utilización, además de la obligación de utilizar casco en todas las circunstancias y bien abrochado. El conductor tendrá que llevar algún elemento luminoso o reflectante cuando sea de noche o haya poca visibilidad y, a partir de 2027, también de día. El texto prevé además la creación de corredores para emergencias durante episodios de atascos y nuevas reglas cuando la nieve dificulta la circulación.
Los potenciales recursos judiciales afectarán indistintamente a los ayuntamientos y a la Dirección General de Tráfico. Si la denuncia se produce en vías interurbanas o travesías, corresponderá a la Jefatura Provincial de Tráfico. Pero si sucede en vías urbanas, la responsabilidad recae en los consistorios. En el caso de comunidades autónomas con las competencias de tráfico transferidas, los encargados serán sus autoridades autonómicas. El escenario que se dibuja es el de una normativa que nace con vocación de proteger al peatón y a los usuarios más frágiles, pero que, según los expertos consultados, podría generar una maraña de interpretaciones locales y recursos que pongan a prueba tanto a las administraciones como a los conductores.