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El nuevo código de circulación entra en vigor con lagunas que anticipan un aluvión de recursos

El Reglamento General de Circulación entra en vigor este jueves con novedades para proteger a ciclistas, motoristas y peatones, pero asociaciones de conductores y despachos especializados advierten de contradicciones técnicas y de un aumento de la litigiosidad por la falta de concreción en las normas urbanas y en las obligaciones de los repartidores.

Este artículo se ha producido con ayuda de IA bajo la responsabilidad editorial de Haydamax OÜ.

El nuevo Reglamento General de Circulación entra en vigor este jueves en toda España con el objetivo declarado de reforzar la protección de los usuarios considerados vulnerables, como motoristas, ciclistas y peatones. Sin embargo, asociaciones de conductores y despachos especializados en la gestión de multas advierten de que la norma contiene lagunas que pueden desembocar en un aluvión de reclamaciones y en un aumento de la litigiosidad.

El título VI del reglamento, dedicado a las zonas urbanas, establece unas bases comunes para todos los municipios que después deben desarrollar los ayuntamientos en sus respectivas ordenanzas. Para Automovilistas Europeos Asociados (AEA), ese margen de interpretación local genera «contradicciones técnicas en la aplicación práctica» y puede provocar disparidades entre localidades. La asociación habla de un «reino de taifas vial» y sostiene que la reforma «asesta un golpe definitivo a la homogeneidad del tráfico», de modo que lo que es legal en una avenida puede ser motivo de sanción al cruzar la acera del municipio vecino.

Entre las principales novedades, el texto regula los adelantamientos a bicicletas: los conductores deberán rebasar a un ciclista con una distancia mínima de un metro y medio y a una velocidad que no supere en más de 20 kilómetros por hora el límite de la vía. En ciudad, quien circule detrás de una bici en el mismo carril deberá dejar cinco metros de margen. Además, los motoristas estarán obligados a llevar guantes y calzado cerrado, sin excepciones, y los repartidores en bicicleta deberán portar un chaleco reflectante durante su actividad laboral.

Precisamente estas obligaciones son las que, según Pyramid Consulting, pueden generar un «tsunami de recursos» en los tribunales. La compañía especializada en la gestión de multas de tráfico señala tres motivos de conflicto para el próximo año. El primero es que algunas obligaciones se refieren únicamente a quien está trabajando, lo que exigirá probarlo: «No basta con que el conductor parezca un repartidor», subrayan. El segundo es la dificultad de demostrar en las denuncias las distancias y las velocidades que exige la norma, ya que tendrá que recogerse dónde ocurrió, qué maniobra se hizo, cuál era el límite de la vía y cómo se midió la distancia o la velocidad. El tercero son los «plazos transitorios»: la convivencia de obligaciones ya vigentes con otras que aún no lo están, o con requisitos técnicos pendientes de desarrollo, como el caso de los guantes, facilitará errores al tramitar las denuncias.

La norma también presta especial atención a los patinetes eléctricos, que tendrán un marco común para todo el país. A partir de este jueves se establece una edad mínima de 15 años para su utilización, además de la obligación de llevar casco en todas las circunstancias y bien abrochado. El conductor deberá portar algún elemento luminoso o reflectante cuando sea de noche o haya poca visibilidad y, a partir de 2027, también durante el día. El texto prevé además la creación de corredores para emergencias durante episodios de atascos y nuevas reglas cuando la nieve dificulta la circulación.

Los potenciales recursos judiciales afectarán indistintamente a los ayuntamientos y a la Dirección General de Tráfico. Si la denuncia se produce en vías interurbanas o travesías, corresponderá a la Jefatura Provincial de Tráfico; si ocurre en vías urbanas, la responsabilidad recaerá en los consistorios. En las comunidades autónomas con competencias de tráfico transferidas, serán sus respectivos cuerpos los encargados.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) evita situarse en el escenario de los recursos y destaca su participación en la elaboración del texto, donde asegura que trasladó las distintas perspectivas y necesidades de los gobiernos locales a través de su Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. «El objetivo es poder movernos por nuestras ciudades con seguridad, independientemente de nuestra edad, capacidades y la forma que elijamos para desplazarnos», declaró el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, durante la presentación de las novedades.

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