El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto un nuevo frente de conflicto con las comunidades autónomas al convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para fijar la senda de estabilidad y el reparto del déficit de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Las regiones gobernadas por el Partido Popular han denunciado que el encuentro, celebrado este lunes, es un «paripé» destinado a dar apariencia de normalidad a un Ejecutivo que sigue sin garantizar los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar las cuentas públicas. La cita, presidida por el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha servido para abordar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad, pero las críticas de las autonomías han sido contundentes desde antes de su inicio.
Los consejeros de Galicia, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Canarias coinciden en que el margen de gasto previsto para las comunidades vuelve a quedarse muy por debajo de las necesidades reales para financiar los servicios públicos. La principal crítica de las autonomías se centra en la regla de gasto, que consideran insuficiente para absorber el incremento de costes que soportan las regiones, especialmente en sanidad, educación y dependencia. Mientras tanto, el Gobierno continúa aprobando medidas cuyo coste termina recayendo sobre los presupuestos autonómicos, sin ofrecer una compensación financiera adecuada.
Uno de los principales reproches de los consejeros populares se dirige a la subida salarial de los empleados públicos, decidida por el Ejecutivo central pero financiada, en gran medida, por las comunidades autónomas. Desde Galicia recuerdan que el verdadero debate no es únicamente el objetivo de déficit, sino cuánto podrán aumentar el gasto las comunidades para atender servicios esenciales en un contexto de mayores costes estructurales. La Comunidad Valenciana insiste en que el Gobierno adopta decisiones que afectan directamente a las cuentas autonómicas sin negociar previamente con quienes deben pagarlas. Extremadura también cuestiona cómo pretende Hacienda que las regiones asuman nuevos incrementos de gasto sin ampliar los recursos disponibles.
La consejera madrileña, Rocío Albert, considera que la convocatoria del Consejo responde más a una estrategia política que a una voluntad real de aprobar unos nuevos Presupuestos. Albert recordó que hace apenas unas semanas el propio Gobierno justificaba la ausencia de cuentas públicas por la situación internacional. En términos similares se expresó la consejera andaluza, Carolina España, quien duda de que los Presupuestos de 2027 lleguen siquiera a aprobarse al no existir una mayoría parlamentaria estable que los respalde. A su juicio, el Consejo de Política Fiscal se ha convertido en un simple trámite sin capacidad real para modificar las decisiones del Ejecutivo.
No obstante, dentro del bloque popular existen matices. Extremadura y Canarias mantienen una posición institucional más prudente y consideran positivo que el Gobierno reactive la negociación presupuestaria, aunque ambas comunidades también reclaman una financiación suficiente y mayor diálogo con el Estado. La consejera extremeña ha señalado que, si bien la convocatoria es un paso necesario, el margen de gasto debe ajustarse a la realidad de las comunidades para evitar un colapso en los servicios públicos.
El debate sobre la financiación autonómica ha vuelto a enfrentar al Gobierno con las regiones. Aunque Hacienda convocó el CPFF exclusivamente para abordar la senda de estabilidad, las comunidades gobernadas por el PP han anunciado que volverán a exigir un debate sobre el modelo de financiación. Las autonomías denuncian que el futuro modelo ya estaría condicionado por el acuerdo político alcanzado entre el PSC y ERC para Cataluña, y rechazan que el resto de regiones se limite a ratificar un sistema previamente negociado al margen del Consejo.
Las críticas se han visto reforzadas por las declaraciones de la consejera catalana de Economía, Alícia Romero, quien ha dado prácticamente por hecho que antes de agosto se celebrará un nuevo Consejo específico para abordar la reforma del sistema de financiación. Esa afirmación ha provocado incluso el rechazo del socialista Castilla-La Mancha. Su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha calificado de «imprudente» que Cataluña dé por descontado un acuerdo cuando las comunidades todavía no conocen oficialmente la propuesta del Ministerio. Ruiz Molina ha llegado a cuestionar el sentido de las reuniones bilaterales mantenidas por Hacienda si finalmente el modelo ya estuviera cerrado con una única comunidad autónoma.
La reunión de este lunes forma parte del calendario diseñado por Hacienda para intentar sacar adelante los Presupuestos de 2027 después de los sucesivos fracasos registrados durante la legislatura. El Ejecutivo pretende aprobar este martes el techo de gasto y los objetivos de estabilidad en Consejo de Ministros para remitirlos posteriormente al Congreso, donde previsiblemente serán votados el próximo 14 de julio. El Gobierno ya ha visto rechazadas en varias ocasiones las sendas de estabilidad durante esta legislatura, la última en diciembre de 2025, cuando intentó iniciar la tramitación de los Presupuestos de 2026. Aun así, el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de continuar con las cuentas públicas incluso si vuelve a perder la votación parlamentaria, lo que añade incertidumbre al proceso presupuestario.
El enfrentamiento en el Consejo Fiscal refleja la creciente tensión entre el Gobierno central y las autonomías, que consideran que el Ejecutivo utiliza estos encuentros como un mero trámite para aparentar normalidad institucional mientras las cuentas públicas siguen sin aprobarse. Las comunidades gobernadas por el PP han anunciado que mantendrán su oposición a cualquier senda de estabilidad que no garantice una financiación suficiente para los servicios públicos, mientras que el Gobierno insiste en que la prioridad es cumplir con las reglas fiscales europeas. El resultado de la votación del 14 de julio será clave para determinar si el Ejecutivo logra avanzar en la tramitación presupuestaria o si, por el contrario, se enfrenta a un nuevo revés parlamentario que agrave la parálisis legislativa.