El Gobierno de Pedro Sánchez impulsó en 2018 una gira internacional que llevó a la entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, hasta Nueva York con el objetivo de captar inversores extranjeros para el mercado inmobiliario español. Entre los fondos contactados en aquel viaje se encontraban algunos de los denominados «fondos buitre», que hoy operan en la Comunidad de Madrid con una cartera que supera las 7.500 viviendas, según revela una investigación periodística.
La operación se enmarca en la estrategia del Ejecutivo socialista por atraer capital internacional tras la crisis financiera, en un contexto en el que el acceso a la vivienda ya comenzaba a tensionarse en las grandes ciudades. Los fondos oportunistas, especializados en la compra de activos inmobiliarios a precio reducido, encontraron en España un mercado propicio para adquirir grandes paquetes de vivienda pública y privada, especialmente en Madrid.
El caso más señalado es la venta de 4.795 pisos públicos que el Ayuntamiento de Madrid, entonces presidido por Ana Botella, adjudicó a fondos de inversión en 2013. Aquella operación, conocida como «operación Campamento» o la venta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), traspasó miles de inmuebles a Goldman Sachs y Blackstone con los inquilinos dentro. Una década después, esas viviendas siguen en manos de los mismos fondos o de sus filiales, y el parque público de alquiler asequible de la capital no se ha recuperado.
La controversia se reaviva ahora porque el Gobierno ha situado públicamente a Blackstone entre los «fondos buitre» que operan en España, mientras la compañía estadounidense ha arrancado un «súpercontrato» estatal de gestión de vivienda. Esta aparente contradicción ha generado un intenso debate político sobre la coherencia del Ejecutivo y sobre las consecuencias sociales de haber priorizado la entrada de capital extranjero en el sector residencial.
El viaje de Maroto a Nueva York, enmarcado en la agenda oficial de promoción económica, incluyó reuniones con gestores de inversión interesados en el ladrillo español. Según las informaciones publicadas, el Ejecutivo presentó España como un destino atractivo para los fondos, sin evaluar entonces el impacto que esa entrada masiva de capital tendría sobre el precio del alquiler y la disponibilidad de vivienda asequible. Hoy, los mismos fondos que fueron recibidos con alfombra roja gestionan miles de inmuebles en barrios madrileños como Carabanchel, Vallecas o Tetuán.
La venta de 2013 se produjo sin un plan de reposición de vivienda pública, lo que ha dejado un déficit estructural en la capital. Los inquilinos de aquellos pisos han denunciado en repetidas ocasiones subidas de renta, falta de mantenimiento y presión para abandonar sus hogares. Organizaciones vecinales y sindicatos de vivienda exigen desde entonces la reversión de esas operaciones y la paralización de nuevas ventas a fondos de inversión.
El debate sobre los «fondos buitre» ha vuelto al primer plano de la actualidad tras conocerse que Blackstone gestionará vivienda estatal mientras el Gobierno lo califica de fondo oportunista. La paradoja ha sido señalada por la oposición y por colectivos sociales, que reclaman una ley que impida la venta de patrimonio público a entidades financieras y garantice el derecho a la vivienda.
Mientras tanto, el mercado madrileño sigue dominado por grandes tenedores: los fondos que llegaron tras la crisis de 2008 controlan hoy miles de viviendas en la región, y su presencia se ha convertido en uno de los factores explicativos del encarecimiento del alquiler. La gira de captación de inversores de 2018, con Maroto en Nueva York, se presenta ahora como el episodio que consolidó esa presencia en el sector residencial español.