El Gobierno de Pedro Sánchez impulsó en 2018 un viaje institucional a Nueva York para captar inversores inmobiliarios internacionales, conocidos popularmente como fondos buitre, que en la actualidad gestionan alrededor de 7.500 viviendas en Madrid. La operación, que entonces se presentó como una misión para atraer capital extranjero, ha quedado ahora bajo escrutinio público en un contexto de creciente preocupación social por el precio del alquiler y la falta de vivienda asequible en las grandes ciudades.
Según la información publicada, la entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, encabezó la delegación española en aquel viaje, en el que se reunió con representantes de fondos de inversión que buscaban oportunidades en el mercado residencial español. La misión formaba parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para atraer inversión extranjera tras la crisis financiera, en un momento en que el sector inmobiliario español ofrecía precios competitivos y una legislación favorable a los grandes tenedores.
Lo que entonces se vendió como una oportunidad para dinamizar la economía se ha convertido hoy en una de las principales críticas hacia la política de vivienda del Gobierno. Los mismos fondos que fueron recibidos con alfombra roja en Nueva York operan ahora en el mercado madrileño, donde acumulan miles de inmuebles que en su mayoría destinan al alquiler, con precios que han escalado de forma notable en los últimos años. La paradoja de que un Gobierno socialista haya facilitado la entrada de estos actores, a los que luego ha señalado como parte del problema, ha reavivado el debate político.
La polémica se enmarca en un contexto más amplio de ventas masivas de vivienda pública a fondos de inversión. En 2013, el Ayuntamiento de Madrid, entonces presidido por Ana Botella, vendió 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre, una operación que sigue siendo objeto de investigación y que ha sido señalada como el origen de parte de la actual escasez de vivienda social en la capital. Ese mismo año, la Comunidad de Madrid transfirió 4.795 pisos públicos a fondos como Goldman Sachs y Blackstone, con los inquilinos aún dentro de las viviendas.
El caso ha vuelto a la actualidad después de que se conociera que Blackstone ha arrancado un «súpercontrato» estatal de gestión de vivienda mientras el propio Gobierno lo sitúa entre los fondos buitre. Esta contradicción ha sido explotada por la oposición, que acusa al Ejecutivo de mantener una doble vara de medir: por un lado, critica a los fondos en el discurso público, y por otro, les facilita contratos y acceso a vivienda pública.
La ministra Maroto, hoy en la oposición tras su salida del Gobierno, no ha hecho declaraciones sobre este asunto. Tampoco ha aclarado el Ejecutivo si el viaje de 2018 incluyó compromisos concretos con los fondos o si se trató únicamente de una misión comercial. Lo que sí es verificable es que aquellos contactos se tradujeron en una presencia significativa de estos inversores en el mercado residencial madrileño, donde hoy gestionan miles de viviendas.
El debate sobre los fondos buitre y su impacto en el acceso a la vivienda se ha intensificado en España en los últimos años. Organizaciones sociales y sindicatos de inquilinos denuncian que estos fondos compran vivienda pública o protegida para convertirla en alquiler de mercado, expulsando a los residentes de siempre y contribuyendo a la burbuja de precios. La falta de transparencia en las operaciones y la dificultad para rastrear la propiedad final de los inmuebles complican cualquier regulación efectiva.
Mientras tanto, el Gobierno ha anunciado medidas para limitar la compra de vivienda por parte de fondos extranjeros y para aumentar el parque público de alquiler, aunque estas iniciativas aún no se han materializado en su totalidad. La oposición y los colectivos ciudadanos exigen explicaciones sobre el viaje a Nueva York y sobre las consecuencias de haber facilitado la entrada de estos actores en un sector tan sensible como el residencial.
La historia de los fondos buitre en Madrid es también la historia de una política pública que priorizó la atracción de inversión sobre el derecho a la vivienda. Desde las ventas de 2013 hasta la misión comercial de 2018, el rastro de estas operaciones muestra cómo el mercado residencial español se ha convertido en un destino atractivo para el capital internacional, con un impacto directo en los precios y en la vida de miles de familias.