El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de la nueva ley antitabaco, una normativa que actualiza la legislación vigente desde hace 16 años y que introduce cambios significativos en la regulación del consumo de tabaco y productos relacionados. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que el tabaco provoca 50.000 muertes al año en España y es el principal factor de riesgo evitable para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. La nueva norma, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, busca reducir ese impacto sanitario y económico, con un ahorro estimado de entre 100 y 200 millones de euros anuales en gasto sanitario que podrían destinarse a otras patologías no evitables.
Entre las medidas más destacadas, la ley prohíbe fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes al aire libre, instalaciones deportivas, recintos de espectáculos públicos, parques nacionales y playas, tanto marítimas como fluviales. Esta ampliación de los espacios libres de humo ha generado controversia, especialmente la prohibición en terrazas, que en 2023 ya fue criticada por la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, quienes calificaron la medida de «disparatada». No obstante, fuentes del Ministerio de Sanidad defienden que se trata de una medida «ampliamente eficaz» que no solo limita la exposición pasiva al humo, sino que también contribuye a desnormalizar el consumo de tabaco entre la población.
La normativa crea además espacios de «protección reforzada», en los que no se podrá consumir tabaco ni productos relacionados en un radio inferior a 15 metros de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, centros sociales, educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, deportivos, parques o recintos infantiles. Esta medida pretende blindar las zonas de mayor afluencia de personas vulnerables, como niños y pacientes, y reforzar la prevención del tabaquismo pasivo.
Una de las novedades más relevantes es la inclusión por primera vez de sanciones para los menores que fumen o vapeen. La ley ya prohibía la venta y distribución de tabaco a menores de 18 años, pero ahora extiende esa limitación al consumo de cigarrillos convencionales, cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina y shishas. Los jóvenes que incumplan esta norma se enfrentarán a multas leves de entre 200 y 600 euros, que deberán ser abonadas por sus padres, madres o responsables legales. La sanción puede sustituirse por trabajo comunitario. Según la encuesta ETUDES 2025, la prevalencia de fumadores diarios entre personas de 14 a 18 años es del 4,3%, la cifra más baja desde 1994, aunque el 15,5% de los jóvenes admite haber consumido tabaco en el último mes. En el caso de los cigarrillos electrónicos, ese indicador ha pasado del 14,9% en 2019 al 27,1% en 2025, lo que preocupa a las autoridades sanitarias.
La nueva ley equipara los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, así como los productos a base de hierbas para fumar, las bolsas de nicotina y otros dispositivos que imitan o se asocian al acto de fumar, al tabaco convencional. Esta equiparación busca cerrar la puerta a lo que Sanidad considera una vía de entrada al consumo para los jóvenes, que se beneficia de la ausencia de regulación específica. «La innovación comercial no puede ir por delante de la protección de la salud», señalan fuentes gubernamentales. La norma también restringe los puntos de venta a tiendas especializadas, cuyos requisitos se desarrollarán en una orden ministerial, y refuerza las limitaciones a la publicidad, promoción y patrocinio, que se aplicarán a todos los medios y soportes, incluidas máquinas expendedoras, internet y cualquier otra forma de promoción directa o indirecta. Las acciones promocionales no podrán realizarse en escaparates, y las que se hagan en el interior del local no podrán verse desde la calle.
El texto aprobado no incluye el empaquetado genérico de los productos del tabaco, una medida que el Ministerio de Sanidad espera introducir mediante enmiendas durante el trámite parlamentario, con el apoyo del grupo de Sumar ante la negativa socialista a incorporarlo en la redacción original. Tampoco se ha incluido la prohibición de los vapers desechables, a la espera de que Bruselas se pronuncie al respecto. Desde el Ejecutivo confían en que la resolución europea será favorable y que la medida podrá incorporarse posteriormente. «No queríamos dilatar la aprobación, así que se ha sacado con la idea de incorporarlo más adelante», explican fuentes ministeriales. El proyecto de ley deberá superar ahora el debate en el Congreso y el Senado, con la previsión de que esté aprobado antes del fin de la legislatura, en 2027.