Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que solicitan el aplazamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto inicialmente para esta semana. En el escrito, las autonomías reclaman que la reunión se posponga al menos hasta septiembre, siempre que se den «las condiciones mínimas de información y de plazo» que, a su juicio, exige una decisión de esta trascendencia. La petición llega después de que el Gobierno anunciara su intención de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica en ese foro, un modelo que lleva dieciséis años sin actualizarse.
Según fuentes consultadas, las comunidades del PP sostienen que, aunque en los últimos días han recibido un nuevo borrador del acuerdo, las actas de las reuniones técnicas y unos primeros cálculos sobre el impacto para cada territorio, el Ministerio de Hacienda sigue sin facilitar las simulaciones «completas y homogéneas» del conjunto del sistema ni la memoria de cálculo del reparto. Sin esa documentación, argumentan, resulta imposible formarse «un juicio fundado» sobre una reforma que determinará los recursos de las comunidades autónomas durante los próximos años. La documentación completa de la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) del pasado 14 de julio no fue remitida hasta el 24 de julio, apenas tres días hábiles antes de la celebración del CPFF, un plazo que consideran insuficiente para estudiar las alegaciones y valorar posibles cambios.
Los gobiernos autonómicos populares también ponen en duda que los servicios del Ministerio hayan tenido tiempo para analizar las propuestas remitidas por las comunidades. En su opinión, el calendario previsto evidencia que el Gobierno «no tiene ninguna intención de valorar, y mucho menos de incorporar», las alegaciones presentadas, limitándose a cumplir un trámite formal. Asimismo, cuestionan la oportunidad de abordar una reforma estructural del sistema de financiación en un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Acometer una reforma de esta magnitud sin un marco presupuestario estatal consolidado ni unos objetivos de estabilidad vigentes resta, según las autonomías, seguridad jurídica y rigor al proceso. Tampoco han recibido explicación sobre cómo se integrarán los nuevos recursos en la envolvente financiera del Estado ni el impacto que tendrá la transferencia de mayores fondos hacia las comunidades sobre el resto de políticas públicas.
Las comunidades del PP reprochan además que la propuesta del Gobierno «es el fruto de un pacto bilateral con ERC» y recuerdan que se trata, prácticamente, del mismo modelo que el Ejecutivo presentó el pasado mes de enero, cuando fue rechazado por dieciséis de los diecisiete territorios integrados en el sistema de financiación de régimen común, incluidas Ceuta y Melilla. A su juicio, un modelo acordado «con una sola parte y a espaldas de todas las demás» no puede aprobarse de forma acelerada con un calendario que impide siquiera su examen y vulnera el derecho de todas las comunidades autónomas a recibir un trato igualitario, reconocido tanto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) como en la Constitución.
No obstante, las autonomías 'populares' aseguran compartir la necesidad de reformar el actual sistema de financiación para adecuarlo a las necesidades reales de gasto de todas las comunidades y a la evolución de los factores que condicionan la prestación de los servicios públicos fundamentales. En este sentido, consideran que el procedimiento seguido por el Ministerio de Hacienda «dista de responder a un verdadero mecanismo de negociación multilateral». Según denuncian, el Gobierno presentó primero una propuesta en el CPFF sin una evaluación técnica previa en el CTPE, luego intentó abrir una negociación bilateral con las comunidades y solo posteriormente trasladó el documento al comité técnico, cuando ese debería haber sido el punto de partida del proceso. Las comunidades concluyen que la convocatoria del CTPE del 14 de julio «no convalida todo lo mal hecho» y consideran que el procedimiento seguido ha «viciado por completo» la elaboración del nuevo modelo. El pulso entre el Ejecutivo central y las regiones gobernadas por el PP continúa abierto, mientras el reloj corre para la cita del CPFF que el Gobierno insiste en mantener.