La ciudad autónoma de Ceuta afronta una avalancha migratoria que distintas fuentes consideran la más grave de los últimos cinco años, con miles de marroquíes entrando de forma irregular a través del espigón del Tarajal, y el fenómeno ha abierto un nuevo frente político para el Gobierno de Pedro Sánchez. La crisis, que según la Guardia Civil supera en intensidad a la de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas accedieron a la ciudad en situación irregular, ha desbordado a las fuerzas de seguridad y ha provocado críticas de la oposición, de los sindicatos policiales, de la Asamblea ceutí e incluso del Partido Socialista en Ceuta.
La entrada masiva coincidió con la Fiesta del Trono, la mayor celebración civil de Marruecos, en la que se conmemora la entronización del rey Mohamed VI hace 27 años. Miles de jóvenes marroquíes, junto a mujeres y niños, escogieron esa jornada para bordear a pie el espigón y penetrar en territorio español casi sin resistencia. Fuentes de la ciudad autónoma aseguran que las fuerzas de seguridad marroquíes «han tirado la toalla por completo» en el control del acceso y dejan que los grupos lleguen al espigón y entren en Ceuta «casi sin mojarse».
Rachid Sbihi, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta, resumió el malestar de los agentes: «Queremos hechos, no palabras bonitas». Sbihi atribuye la avalancha a la desidia marroquí y a la falta de medios del Ejecutivo español, y advierte de que los efectivos están desbordados y sin un protocolo de actuación. A su juicio, alguien debe dar «un golpe sobre la mesa» ante Marruecos porque resulta imprevisible lo que ocurrirá a partir de ahora. Julián Domínguez, jefe del Servicio de Salud Pública del Hospital de Ceuta, se mostró en la misma línea: «Esto es una vergüenza. Marruecos se cachondea de nosotros». Domínguez precisó que algunos inmigrantes están recibiendo atención sanitaria por fracturas o contusiones.
El Ministerio del Interior, por el contrario, defendió la relación con el reino alauí y subrayó en un comunicado la «ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria». El ministro Fernando Grande-Marlaska agradeció a las autoridades marroquíes los esfuerzos realizados en los últimos días, que, según su versión, han impedido miles de intentos de migración irregular. Exteriores, por su parte, negó cualquier vínculo entre la entrada de miles de personas y el viaje de Sánchez a Argelia del pasado 20 de julio: la relación con Marruecos es «excelente» y no se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia, según la cartera de José Manuel Albares. El acercamiento entre ambos países alcanzó su punto álgido en 2022, cuando España apoyó el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, un giro que se produjo un año después de la anterior gran crisis en la frontera.
La crisis actual llega después de que los tribunales hayan limitado las herramientas del Ejecutivo para responder. En 2024, un juzgado dio la razón en primera instancia al ciudadano argelino que denunció su devolución a Marruecos, y el pasado 8 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo confirmaron el criterio, lo que impide las llamadas «devoluciones en caliente» de quienes acceden ilegalmente por vía marítima. Un agente de la Guardia Civil señaló que la situación supera la de 2021: «En aquel entonces se podía devolver a los que entraban y ahora nada. Siguen entrando sin parar. Llevamos años pidiendo refuerzos, pero esto traspasa el ámbito policial. Europa y los políticos tienen que tomar medidas drásticas. Somos la frontera sur de la Unión Europea».
Tanto AUGC como Jupol, el principal sindicato de la Policía Nacional, consideran necesario modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, la norma que ha permitido al Supremo frenar las devoluciones en caliente. El Partido Popular ya registró el 16 de julio una propuesta legislativa en el Congreso de los Diputados con ese objetivo. En paralelo, la Asamblea de Ceuta solicitó este jueves por unanimidad, incluido el voto del PSOE, la declaración de emergencia nacional para que el Gobierno asuma el mando único y refuerce la coordinación ante la crisis. La petición obtuvo un respaldo casi unánime en el espectro político, con el apoyo incluso de Podemos, pero Pedro Sánchez la descartó en una conversación telefónica con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.
El escenario dibuja una frontera sur de Europa bajo presión y un Ejecutivo sin margen político evidente, mientras los centros de acogida de la ciudad sufren una sobreocupación creciente, con un porcentaje importante de menores entre los llegados. La falta de un mecanismo de respuesta inmediato y el deterioro de la coordinación con Marruecos en el control del Tarajal dejan a Ceuta, según las fuentes consultadas, ante un desafío que ya no puede resolverse solo con refuerzos policiales.