El Gobierno ha anunciado que abrirá una investigación interna para esclarecer las palizas y vejaciones denunciadas por al menos una veintena de migrantes en Ceuta, según han confirmado fuentes de La Moncloa. El Ejecutivo asegura que no tenía constancia previa de estas agresiones, que también han sido corroboradas por organizaciones de derechos humanos que operan sobre el terreno, pero se compromete a dar los pasos necesarios para averiguar lo ocurrido y depurar responsabilidades.
Las denuncias, reveladas en exclusiva por, describen un patrón común de violencia por parte de determinados grupos de soldados españoles, especialmente regulares y legionarios, contra los marroquíes llegados a finales de julio a la ciudad autónoma, incluidos menores de edad. Los testimonios recopilados directamente, a los que se suman un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, también denuncian prácticas humillantes, como obligar a los migrantes a raparse el pelo bajo la amenaza de ser devueltos a Marruecos o golpearles si se niegan a cumplir cualquier orden con la finalidad de denigrarlos.
A pesar de la gravedad de los hechos, ningún grupo político interpeló al respecto este miércoles en el Congreso ni al presidente del Gobierno ni a ningún ministro durante la sesión de control. Sin embargo, varios socios del Ejecutivo sí reclamaron explicaciones a posteriori en declaraciones públicas. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, exigió al Ministerio de Defensa y a su titular, Margarita Robles, que pongan en marcha una investigación sobre «las denuncias que estamos conociendo sobre palizas y vejaciones a personas migrantes por parte de militares que patrullan en Ceuta». Asimismo, pidió a Robles «depurar responsabilidades» en el Ejército una vez obtenga toda la información sobre estos episodios.
«Nos preocupan e indignan enormemente» estos comportamientos, denunció Martínez, que sostuvo que este tipo de episodios son «contrarios a todos los valores democráticos que debería representar el Ejército de una sociedad democrática». «Por desgracia, no es la primera noticia sobre actos de este tipo que merecen condena y repulsa», criticó la portavoz de Sumar, que señaló directamente a la ministra Robles para asegurar que «no puede quedarse sin actuar ante estos hechos» y para exigirle «investigar, dar explicaciones y depurar responsabilidades». «Si no lo hace, Defensa estaría siendo cómplice de vulneraciones de derechos humanos», advirtió.
En la misma línea se expresó el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Sumar y líder de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que calificó de «inaceptables» estos comportamientos de algunos militares. «Hace dos semanas planteamos nuestra preocupación al respecto en la tribuna del Congreso, y la semana pasada presentamos un escrito, y seguimos sin tener noticia de que el Ministerio de Defensa haya tomado ninguna medida», denunció Santiago, que acusó al departamento que lidera Margarita Robles de tener, al menos, una «responsabilidad in vigilando» sobre estos malos tratos. «Esta no es una acusación contra todo el Ejército, porque en las noticias que se han publicado se acota que [los militares acusados] forman parte de determinados cuerpos: es fácil determinar cuáles son esas manzanas podridas», añadió. Y, cuando Defensa lo haga, debería no solo tomar medidas disciplinarias, sino «dar traslado a la Fiscalía» de las eventuales «acciones delictivas» que hubieran llevado a cabo estos militares, espetó el portavoz adjunto de Sumar.
Por su parte, fuentes de Podemos aseguraron que los testimonios recogidos revelan acciones de «extrema gravedad» que «exigen una investigación en profundidad», y exigieron «la suspensión de empleo y sueldo y la retirada del arma a todos los militares que estén ejerciendo violencia contra personas migrantes en Ceuta» hasta que «se aclare lo ocurrido». «Si se confirman su participación en los hechos, deberían ser expulsados inmediatamente» del Ejército, plantean igualmente los morados.
Una de las agresiones denunciadas ocurrió la madrugada del viernes 11 de septiembre. recibió el aviso de una redada de dos patrullas de militares españoles en la barriada de Los Rosales. Un equipo de activistas del colectivo Brigadas de Apoyo Mutuo acababa de llegar a la zona para documentar lo ocurrido. Allí, una decena de legionarios estaba desplegada en distintos puntos de un vecindario. Varios uniformados estaban concentrados junto a una casa en ruinas, donde malvivían desde hacía semanas un grupo de migrantes marroquíes. Al percibir la presencia de voluntarios y periodistas, los soldados comenzaron a abandonar ese punto, donde tres migrantes heridos pedían auxilio, y se trasladaron al otro extremo del vecindario, donde otros seis soldados trataban de esconderse de las cámaras. En ese mismo momento, tres hombres ceutíes se cubrieron el rostro y, colocados delante de los militares que evacuaban la zona, empezaron a lanzar latas y piedras a los activistas y periodistas que observaban los hechos. Los soldados no recriminaron en ningún momento ni trataron de frenar el intento de agresión de los vecinos encapuchados, sino que aprovecharon ese mismo instante para reagruparse y apartarse.