El Gobierno central ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila ante la magnitud de los incendios forestales que afectan al suroeste de la región madrileña y su proximidad al fuego de Burgohondo, en Ávila. La decisión fue tomada en la madrugada de este viernes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien asumió la coordinación de todos los recursos estatales, autonómicos y locales movilizados para combatir las llamas.
Se trata de la segunda vez que España recurre a esta figura legal, creada por la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015. El único precedente fue el apagón eléctrico que sufrió gran parte del país entre el 28 y el 30 de abril de 2025, cuando ocho comunidades autónomas solicitaron la declaración de emergencia nacional. En el caso actual, es la primera vez en la historia que se activa a causa de un incendio forestal.
La declaración responde a la activación del nivel más alto de la escala de emergencias, la denominada Situación Operativa 3, que había sido solicitada por la Comunidad de Madrid a última hora del jueves. Este nivel implica que existe una amenaza directa sobre la población y el patrimonio, por lo que la dirección operativa pasa a ser competencia exclusiva del Estado. En la práctica, el Ministerio del Interior asume la coordinación de todos los recursos, y el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) dirige las operaciones sobre el terreno.
El ministro Grande-Marlaska explicó este viernes que la principal preocupación que motivó la declaración era la posibilidad de que los tres incendios —los de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, y el de Burgohondo, en Ávila— se unieran en un solo frente. Esos temores se confirmaron al mediodía, cuando los dos fuegos madrileños se fusionaron. Las condiciones meteorológicas extremadamente adversas, con altas temperaturas y viento, han complicado las labores de extinción y han obligado a evacuar varios núcleos de población.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para evaluar la situación y coordinar la respuesta. Por su parte, Grande-Marlaska visitó el jueves por la noche el puesto de mando avanzado de Cenicientos (Madrid) para seguir de primera mano la evolución de las llamas, y regresó a la zona este viernes para comparecer ante los medios.
La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, publicada en el BOE el 9 de julio de 2015, establece que una emergencia de interés nacional se declara cuando es necesario proteger a personas y bienes bajo la normativa de los estados de alarma, excepción o sitio. La ley contempla que esta figura se active cuando la emergencia afecta a varias comunidades autónomas y exige recursos más allá del ámbito autonómico, o cuando se requiere una gestión centralizada a nivel estatal.
En el caso del apagón de 2025, la emergencia nacional se declaró en ocho comunidades autónomas que lo solicitaron: Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Aquella interrupción generalizada del suministro eléctrico dejó sin electricidad a más de 50 millones de personas en España, Portugal y Andorra, y fue el incidente más grave en el sistema eléctrico europeo en más de 20 años. La luz comenzó a regresar durante la tarde del mismo 28 de abril y en la madrugada del día 29 el sistema ya había sido restablecido.
No fue el caso de la borrasca Filomena, que en enero de 2021 cubrió de nieve gran parte del país. En aquella ocasión, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil —lo que antes se conocía como zona catastrófica— para los territorios afectados, tras la solicitud de varias regiones. La medida afectó a la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Asturias, Aragón, La Rioja y Navarra.
La emergencia nacional actual se mantendrá activa hasta que la Dirección del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil determine que han cesado las circunstancias que motivaron su declaración. Mientras tanto, todos los recursos del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos implicados trabajan bajo un mando único para evitar duplicidades y agilizar la toma de decisiones, con el objetivo de proteger a la población y controlar los incendios.