La Audiencia Nacional ha ordenado paralizar de forma cautelarísima la habilitación del Puerto de Ceuta como zona de acogida temporal de migrantes, una decisión que deja en suspenso el operativo previsto para trasladar a un millar de personas desde la playa de El Trampolín a las nuevas plazas. El Gobierno ha reaccionado con «perplejidad» y ha advertido de que la medida bloquea una solución humanitaria urgente.
La resolución judicial, adoptada por la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, responde al recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que solicitó la suspensión sin que se escuchara previamente al Ejecutivo. Los magistrados exigen al Ministerio de Transportes que entregue el expediente sobre la creación del asentamiento antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto. La orden ministerial que habilitaba los terrenos queda en suspenso hasta entonces.
El fallo llegó la tarde del miércoles, casi a la misma hora en que concluían los trabajos de acondicionamiento de las carpas y cuando el Gobierno ultimaba el dispositivo de acogida. La noticia cayó «como una bomba» en el seno del Ejecutivo y sorprendió a los equipos ministeriales implicados, según fuentes gubernamentales. El plan preveía que los primeros migrantes procedentes de El Trampolín fueran alojados en las carpas de forma inminente, posiblemente este mismo jueves, tras la instalación de una bomba de agua a última hora del miércoles.
«El Gobierno no puede ocultar su perplejidad ante una decisión que frena una solución operativa inmediata sobre el terreno. La medida paraliza un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente, que iba a permitir alojar en total a 1.700 personas, diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público», señaló el Ejecutivo en un comunicado. Fuentes de La Moncloa insistieron en que los terrenos del Puerto son «los más idóneos» y cuentan con «todas las garantías de seguridad» para llevar a cabo el operativo.
El Gobierno central también subrayó que sacar a los migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad y que la complejidad de la crisis «no puede traducirse en inacción o parálisis institucional». «Ceuta no puede esperar. Desde el Gobierno pedimos agilidad y deseamos que se actúe de forma inmediata para aportar soluciones a esta situación sobrevenida», añadió el comunicado.
La polémica por el emplazamiento del Puerto de Ceuta viene de largo. Ante la urgencia de habilitar espacios en la ciudad autónoma para sacar de las calles a miles de migrantes y poder iniciar sus procedimientos administrativos de asilo o expulsión, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, decidió el pasado 5 de septiembre tomar el control de la autoridad portuaria para sortear los impedimentos del Gobierno del PP de Juan Jesús Vivas. Mediante una orden firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado, Transportes autorizó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para acoger a más de un millar de personas migrantes, a pesar de la oposición de la Autoridad Portuaria, dependiente del gobierno autónomo ceutí.
Esa orden permitía continuar con los trabajos de instalación de carpas temporales, frenados anteriormente por responsables del Puerto de Ceuta, y autorizaba a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados. La decisión unilateral de Transportes llegó pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase en contra de ceder unos terrenos que habían sido pactados previamente entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y el de Juan Jesús Vivas.
La denuncia del Sindicato Unificado de Policía ha desembocado en la paralización cautelar del campamento. En un sector del Gobierno, ya abiertamente enfrentado al Poder Judicial por el reciente bloqueo del derecho al voto que recoge la conocida como ley de nietos, la decisión de la Audiencia Nacional se interpreta como «un ataque más» de la judicatura a la acción política del Ejecutivo.
Mientras se resuelve el conflicto judicial, el realojo inminente de los migrantes que permanecen en la playa de El Trampolín queda bloqueado. El Gobierno insiste en que los terrenos del Puerto son la única ubicación viable para garantizar condiciones dignas de acogida y pide celeridad a la justicia para no condenar a Ceuta a la parálisis.