La Fiscalía de Ceuta ha respaldado que la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón investigue la eventual responsabilidad del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en la entrada masiva de migrantes registrada el pasado 30 de julio. En un informe fechado el 9 de septiembre, la fiscal Silvia Rojas considera necesario indagar en «la relación causal» que puede existir entre las decisiones u omisiones del delegado y los fallecimientos, lesiones u otros resultados lesivos producidos durante la travesía a nado desde la playa de Fnideq hasta la de El Tarajal.
El escrito, al que ha tenido acceso, sostiene que las diligencias abiertas en Ceuta por los fallecimientos «no pueden valorarse de manera completamente desvinculada de la investigación sobre la organización, convocatoria y ejecución del flujo masivo de personas». La fiscal entiende que esclarecer las circunstancias de esas muertes «puede exigir esclarecer, entre otros extremos, cómo se produjo la movilización, quiénes la promovieron o facilitaron, qué instrucciones se impartieron, qué medios se utilizaron y cuál fue la incidencia de las actuaciones desarrolladas en el territorio español».
Rojas se muestra favorable a que Tardón y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, pongan el foco no solo en quién está detrás de la entrada masiva —la cifra que se baraja es de 80.000 personas— sino también en la conducta del delegado del Gobierno. En concreto, cree necesario conocer «las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes».
La fiscal argumenta que la actuación de las autoridades españolas, incluida la del delegado del Gobierno, «forma parte de la respuesta institucional a ese mismo acontecimiento y puede resultar relevante para determinar si el riesgo era conocido, previsible, evitable o susceptible de agravación». Añade que esas decisiones u omisiones producidas en Ceuta por la Delegación del Gobierno «pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos».
Entre los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis de Ceuta figura una comunicación vía mensajería entre el CNI y la Delegación del Gobierno en la que se alertaba el 29 de julio de una convocatoria por redes sociales para una entrada masiva. «En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h. Aprovechando fiesta del trono y q [sic] sus FCS estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores», explicaba un agente del CNI al Gabinete de la Delegación en una sucesión de tres mensajes. Dos días después de que trascendieran esos mensajes, Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, presentó su dimisión. Según los documentos secretos desclasificados, Sanz fue quien recibió esos mensajes de WhatsApp de un miembro del CNI.
El pasado 7 de septiembre, la jueza María Tardón acordó aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trata de un ataque contra la integridad territorial de España y afecta a la paz o independencia del Estado. Tardón señalaba que, a tenor del informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), es evidente que se está «ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores».
Este martes se conoció que el juzgado de Ceuta acordaba inhibirse de la causa que investiga la actuación del delegado del Gobierno en relación con la entrada de migrantes de los días 30 y 31 de julio, y remitir las diligencias a la Audiencia Nacional. La decisión del juzgado ceutí se produce después de que la fiscalía haya respaldado que sea Tardón quien asuma la investigación sobre la eventual responsabilidad de Pérez Triano en los hechos.