La Audiencia Nacional ha ordenado paralizar de forma cautelarísima la habilitación del Puerto de Ceuta como zona de acogida temporal de migrantes, una decisión que bloquea el operativo previsto para trasladar a un millar de personas desde la playa de El Trampolín y que ha dejado al Gobierno en estado de «shock». La resolución judicial llegó este miércoles por la tarde, casi a la misma hora en que concluían los trabajos de acondicionamiento de las carpas y cuando el Ejecutivo ultimaba el dispositivo de acogida.
El fallo responde al recurso contencioso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que solicitó la medida sin que se escuchara previamente al Ejecutivo. Los magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo suspenden la orden ministerial que habilitaba ese espacio hasta que el Ministerio de Transportes entregue el expediente sobre la creación del asentamiento, para lo que les dio de plazo hasta las doce del mediodía del miércoles.
El plan del Gobierno pasaba por que los primeros migrantes procedentes de El Trampolín fueran acogidos en las carpas del Puerto de manera inminente, probablemente este mismo jueves, después de que finalizaran los últimos trabajos de preparación con la instalación de una bomba de agua a última hora del miércoles. La decisión judicial desbarató esos planes y paralizó por completo el operativo.
En un comunicado difundido a última hora del día, el Ejecutivo trasladó su «perplejidad» ante una decisión que, a su juicio, «frena una solución operativa inmediata sobre el terreno». «La medida paraliza un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente, que iba a permitir alojar en total a 1.700 personas, diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público», señaló el Gobierno.
La Moncloa defendió que los terrenos del Puerto son «los más idóneos» y cuentan con «todas las garantías de seguridad» para llevar a cabo el operativo. «El Ejecutivo es plenamente consciente de que esta crisis es compleja, pero la complejidad no puede traducirse en inacción o parálisis institucional. Sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad, garantizándoles condiciones dignas de acogida en infraestructuras adecuadas. Es la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta», añadió.
El Gobierno reclamó además que la acción judicial no condene a la ciudad autónoma a la parálisis. «Ceuta no puede esperar. Desde el Gobierno pedimos agilidad y deseamos que se actúe de forma inmediata para aportar soluciones a esta situación sobrevenida», insistió el Ejecutivo.
En un sector del Gobierno, ya abiertamente enfrentado al Poder Judicial por el reciente bloqueo del derecho al voto que recoge la conocida como ley de nietos, el paso de la Audiencia Nacional se recibe como «un ataque más» de la judicatura a la acción política del Ejecutivo.
La polémica por el emplazamiento del Puerto de Ceuta viene de largo. Ante la urgencia de habilitar espacios en la ciudad autónoma para sacar de las calles a miles de migrantes y poder iniciar sus procedimientos administrativos de asilo o expulsión, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, decidió el pasado 5 de septiembre tomar el control de la autoridad portuaria para sortear los impedimentos del Gobierno del PP de Juan Jesús Vivas.
En una orden firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado, Transportes autorizó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para acoger a más de un millar de personas migrantes, a pesar de la oposición de la Autoridad Portuaria, dependiente del gobierno autónomo ceutí. Esa orden permitía continuar con los trabajos de instalación de carpas temporales que habían sido frenados anteriormente por responsables del Puerto de Ceuta, y autorizaba a la Secretaría de Estado de Migraciones a la utilización temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados.
La decisión unilateral de Transportes llegó pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase en contra de ceder unos terrenos que habían sido pactados previamente entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y el de Juan Jesús Vivas. La denuncia del Sindicato Unificado de Policía ha desembocado ahora en la paralización cautelar del campamento, dejando en el aire el realojo inminente de los migrantes que permanecen en las calles de la ciudad autónoma.