La Audiencia Nacional ha ordenado paralizar de forma cautelarísima la habilitación del espacio portuario de Ceuta destinado a acoger a más de un millar de migrantes, a escasas horas de que arrancara el operativo para trasladarlos desde la playa de El Trampolín. La decisión, adoptada por la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, responde al recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y deja en suspenso la orden ministerial que autorizaba el uso de esos terrenos.
El fallo judicial cayó como una bomba en el seno del Ejecutivo. Fuentes del Gobierno reconocieron que la noticia pilló por sorpresa a los equipos ministeriales implicados y a la propia Moncloa, que horas antes ultimaba los preparativos para recibir a los primeros migrantes, previsiblemente este mismo jueves. Los trabajos de acondicionamiento de las carpas concluían este miércoles con la instalación de una bomba de agua, en el mismo momento en que se conocía la paralización.
En un comunicado difundido a última hora, el Ejecutivo expresó su «perplejidad» ante una decisión que, a su juicio, «frena una solución operativa inmediata sobre el terreno». El plan, diseñado con criterios «estrictamente humanitarios y de orden público», contemplaba alojar a un total de 1.700 personas en las instalaciones portuarias. «Los terrenos del Puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo», subrayó el Gobierno, que insistió en que sacar a los migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad y la principal demanda de los ceutíes.
Los magistrados condicionan la suspensión a que el Ministerio de Transportes entregue el expediente sobre la creación del asentamiento, para lo que le dieron hasta las doce del mediodía del miércoles. Hasta entonces, queda en suspenso la orden que habilitaba el espacio. El Ejecutivo reclamó «agilidad» y actuación «inmediata» para aportar soluciones, advirtiendo de que «Ceuta no puede esperar» y que la complejidad de la crisis «no puede traducirse en inacción o parálisis institucional».
La polémica por el emplazamiento viene de largo. Ante la urgencia de habilitar espacios para sacar de las calles a miles de migrantes y poder iniciar sus procedimientos de asilo o expulsión, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, decidió el pasado 5 de septiembre tomar el control de la autoridad portuaria para sortear los impedimentos del Gobierno del PP de Juan Jesús Vivas. Mediante una orden firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado, Transportes autorizó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados, a pesar de la oposición de la Autoridad Portuaria, dependiente del gobierno autónomo ceutí.
La decisión unilateral de Transportes llegó pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase en contra de ceder unos terrenos que habían sido pactados previamente entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y el de Juan Jesús Vivas. La denuncia del SUP ha desembocado ahora en la paralización judicial, que en algunos sectores del Ejecutivo es interpretada como «un ataque más» de la judicatura a la acción política del Gobierno, en un contexto de creciente tensión institucional.