España ha pasado a formar parte de una coalición diplomática de doce países que quiere convertir la oposición a los asentamientos israelíes en Cisjordania en medidas comerciales. Los ministros de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido publicaron el 8 de septiembre una declaración conjunta sobre la solución de dos Estados.
El texto confirma la intención de introducir restricciones nacionales, apoyar restricciones europeas al comercio de bienes procedentes de asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional o estudiar seriamente esas medidas según los procedimientos de cada país. No se trata, por tanto, de una prohibición idéntica que entre en vigor el mismo día en los doce Estados.
España llega a la declaración con medidas previas que los propios firmantes mencionan. El comunicado destaca las acciones ya adoptadas por Irlanda, España, Países Bajos, Noruega y Bélgica. Reino Unido, Francia y Canadá anuncian ahora que llevarán adelante medidas nacionales para prohibir el comercio de productos de los asentamientos.
La diferencia entre los asentamientos y el conjunto de Israel es esencial para entender la política. La iniciativa no plantea un bloqueo general de las importaciones israelíes. Su objetivo declarado son los bienes vinculados a comunidades israelíes establecidas en territorios palestinos ocupados, cuya legalidad es rechazada por los firmantes en virtud del derecho internacional.
La coalición sitúa la decisión en el contexto del proyecto E1, la expansión de asentamientos y la violencia de colonos. Según el comunicado, esas dinámicas erosionan la posibilidad de una solución de dos Estados y amenazan la viabilidad territorial de un futuro Estado palestino. Los gobiernos también rechazan cualquier paso que equivalga a anexión o desplazamiento forzoso de población palestina.
Al mismo tiempo, la declaración reconoce los intereses legítimos de seguridad de Israel, condena el ataque de Hamás del 7 de octubre y reafirma la lucha contra el antisemitismo. La combinación de estos mensajes busca delimitar el objetivo: presionar sobre la política de asentamientos sin presentar la medida como una ruptura con la existencia o la seguridad de Israel.
Para España, el nuevo paso tiene una dimensión europea importante. Una parte de los firmantes pertenece a la UE y declara su disposición a respaldar restricciones a escala comunitaria. Madrid puede impulsar esa vía desde dentro de las instituciones, aunque cualquier acuerdo amplio deberá superar las diferencias entre Estados miembros sobre cómo relacionarse con Israel y con la Autoridad Palestina.
También habrá una dimensión empresarial. Cuando las restricciones se convierten en normas aplicables, importadores y distribuidores necesitan saber cómo se acredita el origen de una mercancía, qué documentación se exige y qué ocurre con cadenas de suministro que pasan por operadores israelíes antes de llegar al mercado europeo. La efectividad de la política dependerá de que esas reglas sean claras y controlables.
La declaración del 8 de septiembre es, por ahora, un compromiso político colectivo. Su importancia reside en que agrupa a países con marcos jurídicos distintos alrededor de un mismo instrumento: el comercio. El siguiente movimiento será observar qué medidas nacionales adicionales presentan los gobiernos y si la presión conjunta consigue traducirse en una posición europea más amplia.
Para Madrid, ese debate llegará en un momento en que la política exterior sobre Oriente Próximo ya ocupa un espacio sensible en la conversación pública. La prueba no será solo mantener una línea diplomática, sino definir reglas que sean coherentes con ella y que puedan aplicarse sin ambigüedad en las fronteras y en los mercados.