El Ministerio del Interior de Marruecos ha roto su silencio sobre la crisis migratoria registrada en las fronteras de Ceuta y Melilla y se ha presentado como un «socio fiable y responsable» ante la comunidad internacional. En un comunicado oficial difundido este domingo, el departamento atribuyó la oleada de intentos de entrada no a un fenómeno espontáneo, sino a la acción coordinada de redes de trata de personas, a la manipulación en el ciberespacio y a la difusión de información engañosa sobre las posibilidades reales de acceder al espacio europeo.
Según los datos ofrecidos por Interior, unos 40.000 migrantes se dirigieron hacia Ceuta y 1.135 hacia Melilla. El ministerio asegura que todos los que lograron llegar a la segunda ciudad fueron devueltos de inmediato y subraya que estas cifras constituyen la referencia oficial, frente a otras informaciones que circulan sin fundamento fiable ni objetivo.
El balance humano conocido hasta el momento incluye una muerte accidental por una caída desde una zona rocosa cerca de Ceuta y diez fallecidos por ahogamiento. El comunicado añade que las autoridades marroquíes continúan verificando, a través de los canales oficiales de cooperación con España, los informes sobre nuevas muertes en Ceuta, con el fin de precisar el número real de afectados, sus identidades y sus nacionalidades.
En su explicación, el ministerio sostiene que los sucesos estuvieron alentados por la interpretación errónea de ciertos datos legales y administrativos, en particular de decisiones judiciales españolas que restringen la aplicación del procedimiento de devolución inmediata a personas interceptadas en el mar. Esa lectura, unida a la desinformación, habría reforzado la creencia de que era posible eludir la repatriación y fomentado la travesía a nado. Las autoridades recuerdan además que la distancia entre ambas costas es inferior a 70 metros en algunos puntos y que la escasa profundidad del agua pudo generar una falsa sensación de seguridad.
El Gobierno marroquí asegura que, desde el principio, aplicó un enfoque «integral y preventivo», basado en la monitorización temprana de indicadores, el refuerzo de la vigilancia terrestre y marítima y la movilización de los servicios de seguridad y de las autoridades territoriales. Gracias a ese dispositivo, según Interior, fue posible controlar la situación, proteger vidas humanas, mantener el orden público y asegurar las fronteras, en estricto cumplimiento de la ley y del principio de proporcionalidad.
La crisis se produce después de que más de 1.200 personas entraran en Ceuta en ocho días, la mayor afluencia irregular registrada desde mayo de 2021, cuando se produjo un fuerte encontronazo diplomático entre España y Marruecos. Las imágenes de miles de migrantes caminando por la ciudad autónoma han dado la vuelta al mundo y han causado un notable daño a la imagen del reino, que se presenta como «adalid de la modernidad en el mundo islámico». El episodio también ha reabierto el debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla y ha provocado una cascada de reacciones políticas en España. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó que Marruecos «chantajea un verano más a España».
El ministerio indicó que los pasos fronterizos han sido abiertos para quienes desean regresar voluntariamente a Marruecos, una medida que, según el comunicado, ha contribuido al retorno gradual a la normalidad en la región. También anunció que la fiscalía competente ha abierto investigaciones judiciales sobre lo ocurrido para determinar las circunstancias, identificar responsabilidades y extraer las conclusiones legales pertinentes.
En su conclusión, Interior insiste en que el fenómeno migratorio solo puede abordarse con un enfoque integral basado en la responsabilidad compartida, la solidaridad efectiva y el reparto equitativo de la carga. Marruecos reitera que seguirá siendo un socio fiable y responsable, comprometido con la cooperación internacional contra la trata de personas, y que continuará adoptando medidas para preservar el orden público, garantizar la seguridad fronteriza y proteger a las personas y los bienes de acuerdo con el estado de derecho.