Estados Unidos está intentando cambiar la forma de responder al antisemitismo: de una reacción centrada en el incidente a una arquitectura que empiece antes de que ocurra. La Jewish American Security Act, presentada con apoyo de demócratas y republicanos, propone conectar seguridad física, policía, inteligencia, educación y plataformas digitales.
La senadora demócrata Jacky Rosen introdujo S.4576 el 19 de mayo de 2026 con copatrocinadores de ambos partidos, incluido el republicano James Lankford. El 9 de junio, el demócrata Daniel Goldman presentó H.R.9211 en la Cámara de Representantes con apoyo también bipartidista.
El cambio más visible está en la escala del Nonprofit Security Grant Program. El proyecto autorizaría 1.000 millones de dólares cada año fiscal entre 2027 y 2031, dividido entre los componentes urbano y estatal. Para organizaciones sin ánimo de lucro elegibles, incluida una parte de las instituciones religiosas, esa estructura puede financiar protección física frente a amenazas.
No es todavía un aumento presupuestario efectivo. Una autorización crea el marco legal para gastar hasta ese nivel; las asignaciones reales dependen de futuras leyes de gasto. La transformación será completa solo si el Congreso acompaña el texto con financiación anual.
Otro cambio se produce en la relación entre congregaciones y fuerzas de seguridad. El fiscal general tendría que cooperar con estados y autoridades locales para mejorar la protección de instituciones religiosas expuestas a amenazas o delitos de odio. El Gobierno federal podría financiar más presencia policial, patrullas, formación y otras medidas.
La fase preventiva se amplía con evaluaciones periódicas del extremismo violento antisemita. FBI, Departamento de Seguridad Nacional y National Counterterrorism Center deberían estudiar amenazas domésticas y transnacionales y publicar versiones desclasificadas cuando sea posible.
En la educación, el proyecto prevé un coordinador federal sobre antisemitismo y medidas vinculadas a Title VI. También plantea un centro federal de recursos sobre seguridad y buenas prácticas para escuelas y universidades. El objetivo es que la respuesta no empiece únicamente cuando un episodio ya ha escalado.
El entorno digital también cambia. Plataformas con al menos 50 millones de usuarios mensuales en Estados Unidos tendrían que publicar cada 180 días informes de transparencia sobre contenido antisemita, moderación, sistemas automatizados y amplificación algorítmica. La Federal Trade Commission recibiría esos informes.
El contexto social muestra por qué los legisladores hablan de conducta, no solo de estadísticas criminales. Según la encuesta 2025 del American Jewish Committee, el 55% de los judíos estadounidenses cambió algún comportamiento por miedo al antisemitismo; el 30% evitó determinados lugares, eventos o situaciones. La ADL registró 6.274 incidentes antisemitas en 2025 y 203 agresiones físicas.
El proyecto se concentra de forma explícita en la seguridad judía y el antisemitismo. Sin embargo, una parte de su infraestructura —en especial las subvenciones para organizaciones sin ánimo de lucro y la protección de instituciones religiosas de riesgo— puede servir también a otras comunidades que cumplan los criterios.
El cambio institucional aún no ha ocurrido. A 13 de agosto, la versión del Senado sigue en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales. La versión de la Cámara permanece en proceso de comisiones y subcomisiones.
Si se aprueba, la evolución será doble: por un lado, una política federal más integrada; por otro, una prueba presupuestaria anual sobre cuánto de esa ambición se financia de verdad. El objetivo final no se medirá solo en subvenciones concedidas, sino en si menos personas sienten que su identidad religiosa les obliga a modificar el mapa de los lugares a los que se atreven a ir.