El debate público sobre la vivienda en España ha girado esta semana en torno a un informe de datos publicado por el equipo de datos de, que ha desatado una intensa discusión en redes sociales sobre la distribución de los 28.000 millones de euros que se pagan anualmente en alquileres, una cifra que se ha duplicado en la última década. El análisis revela que el 10% más rico de la población recibe el 45% de los ingresos por alquiler, mientras que el 53% de los caseros tiene más de 55 años y solo un 11% tiene menos de 44 años, una realidad que contrasta con el perfil de los inquilinos, mucho más jóvenes.
La publicación de estos datos ha generado un intenso intercambio de opiniones en Twitter, donde los usuarios han debatido sobre si la clave del problema reside en la brecha de riqueza o en la brecha generacional. Por un lado, algunos destacan que la diferencia de renta es el factor determinante, ya que el 10% más rico concentra casi la mitad de los ingresos por alquiler. Por otro lado, hay quienes señalan que la brecha generacional es igualmente relevante, dado que los jóvenes son los principales pagadores de alquileres mientras que los mayores son los principales receptores.
El informe también ha puesto de manifiesto que negar la brecha generacional entre inquilinos y caseros, y especialmente entre inquilinos y propietarios, es ignorar una evidencia clara. Basta con observar el entorno cercano para comprobar que muy pocos menores de 40 años han comprado una vivienda, mientras que sus padres sí lo hicieron en su momento. Sin embargo, quienes inciden en el factor de la riqueza no lo hacen para negar esta realidad, sino por la sospecha de que algunos utilizan el argumento generacional para eludir el debate sobre las diferencias de clase.
En el debate han surgido voces que consideran que pertenecer al 10% más rico, es decir, cobrar más de 60.000 euros netos al año, es «fácil», una afirmación que ha generado críticas. También ha habido quienes sostienen que es evidente que los más ricos son los que cobran más alquileres, un argumento que algunos califican de «ya lo sabía», un mal común en los foros que cuestionan el periodismo. No obstante, poner cifras a una realidad nunca está de más, por obvia que pueda parecer, y la muestra es el revuelo que ha generado el informe.
El análisis también ha abierto el debate sobre la responsabilidad de las generaciones anteriores. No tiene sentido culpar a los mayores por haber podido comprar una vivienda en condiciones que hoy son imposibles, ya que cualquiera haría lo mismo en su lugar. El problema real es que hoy sea imposible comprar o alquilar una vivienda digna. Quienes se indignan con aquellos que destacan la brecha de edad por encima de la de riqueza temen que se desvíe la agenda económica hacia una identitaria, similar a cuando se culpa a los inmigrantes o a los mayores para justificar recortes en pensiones.
El debate también ha abordado el papel de los fondos de inversión, las socimis, los pisos turísticos y los alquileres de temporada. Las patronales y los políticos que defienden sus intereses suelen argumentar que estos actores son pocos, y no mienten del todo. Sin embargo, al sumar todas las prácticas del sector inmobiliario —las comisiones de las agencias, la revalorización de los inmuebles y la tajada que van sacando unos y otros—, el impacto es significativo. Aunque existen muchos caseros particulares que alquilan a precios asequibles, esta figura es cada vez más rara.
Frases como «es normal», «son pocos», «la mayoría son caseros particulares y no grandes tenedores», «hay que construir más» o «el problema es generacional» son aparentemente inocuas y ni siquiera son mentira, pero distraen la atención del verdadero problema: que la vivienda se pueda poner al precio que uno quiera y especular con ella como si fuera una criptomoneda. Esto es algo que los fondos de inversión y los multipropietarios hacen de manera excelente.
El debate sobre los multipropietarios abre otra cuestión: ¿dónde empieza el gran tenedor? ¿Dónde empieza la especulación? Mientras que las voces más ortodoxas sitúan el umbral en diez viviendas, otros señalan que quien tiene una vivienda propia y dos alquiladas ya puede cobrar más de las rentas que de su propio trabajo. Poco después de la publicación del informe, el Ministerio de Consumo y el CSIC publicaron un estudio que sitúa la renta anual mediana de los inquilinos en 21.335 euros, la de los caseros en más del doble, 50.000 euros, y la de quienes tienen dos o más viviendas en casi cuatro veces más, 80.000 euros anuales. Los que alquilan cuatro pisos o más llegan a cobrar más de 200.000 euros al año, y las diferencias son aún más acusadas cuando se analiza la riqueza acumulada.