El Gobierno del ultraderechista Javier Milei ha presentado un proyecto de ley sobre propiedad privada que ha desatado una fuerte controversia en Argentina. La iniciativa, denominada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», busca modificar varias normativas clave, entre ellas la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Expropiación. La Confederación General del Trabajo (CGT), la Iglesia católica y organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han alertado de que la medida facilitará la concentración y extranjerización de la tierra, además de abrir la puerta a desalojos exprés y a la explotación sin control de recursos naturales estratégicos.
El proyecto fue enviado al Congreso el pasado 27 de marzo como parte del plan desregulador del Ejecutivo, pero su debate se ha postergado por falta de votos. El Gobierno espera que sea tratado en la sesión del 16 de julio, y este miércoles pasará por una reunión clave de la Comisión de Labor Parlamentaria, donde podrían introducirse correcciones para sumar apoyos. El diseño de la ley ha estado a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar barreras que el oficialismo considera trabas para la inversión privada.
El punto más polémico es la modificación de la Ley de Tierras Rurales, aprobada en 2011, que establece un tope global del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental; un límite por nacionalidad del 30% de ese 15%; y un techo individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo por cada titular extranjero. El proyecto de Milei elimina estas restricciones, permitiendo que inversores extranjeros adquieran tierras sin esos límites. La CGT ha denunciado que «nuestro suelo es soberanía, no mercancía» y ha llamado a los legisladores a rechazar la iniciativa. «Lo que está en juego es la tierra, el agua, los ríos y los recursos naturales, que son la base de cualquier proyecto de desarrollo, producción y trabajo», advirtió el sindicato en sus redes sociales.
La central sindical también ha señalado el riesgo de que grandes tecnomagnates con vínculos con la Casa Rosada, como el empresario Peter Thiel, se beneficien de la ley. Asimismo, recordó el caso del británico Joe Lewis, quien en los años 90 adquirió miles de hectáreas en la zona fronteriza de Río Negro, incluyendo el Lago Escondido, generando un litigio judicial por el acceso público al lago. «Ese conflicto representa apenas una muestra de lo que podría multiplicarse si este proyecto se convierte en ley», indicó la CGT.
Diego Morales, abogado del CELS, explicó que el proyecto también modifica la Ley de Manejo del Fuego, que actualmente impide cambiar el destino de inmuebles incendiados durante 30 años. «Si ese inmueble está destinado a la agricultura, tiene que seguir siendo destinado a la agricultura. Si sobre esos terrenos quisieras construir ahora un hotel, no podrías. Con el proyecto actual, esa prohibición se eliminaría», detalló Morales. Además, la iniciativa modifica la Ley de Expropiación, obligando al Estado a pagar el valor de mercado y el lucro cesante, lo que encarecerá los procesos de expropiación para fines sociales, como la construcción de barrios populares o espacios verdes.
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Koldo Casla, envió una comunicación al Gobierno argentino expresando su preocupación por los desalojos. «Haciendo caso omiso de la función social de la propiedad, el proyecto de ley introduce un proceso extremadamente breve para llevar a cabo desalojos, sin evaluación de la proporcionalidad, y otorga un grado desequilibrado de protección a los propietarios a expensas del interés general de la sociedad en el caso de expropiaciones», señaló Casla. El relator advirtió que estos cambios podrían dar lugar a violaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Iglesia argentina también se ha pronunciado en contra del proyecto. En un comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina instó a los legisladores a considerar el bien común y la función social de la propiedad, recordando que la tierra no es solo un bien económico, sino un recurso que debe estar al servicio de toda la comunidad. Organizaciones ambientales han sumado su voz de alerta, señalando que las tierras rurales concentran reservas de agua dulce, biodiversidad y recursos estratégicos que cotizan en alza en un escenario global de crisis climática.
El debate en el Congreso se anticipa tenso. El oficialismo necesita sumar votos de la oposición para aprobar la ley, pero las críticas de la CGT, la Iglesia y organismos de derechos humanos podrían dificultar el camino. Mientras tanto, el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para atraer inversiones y dinamizar la economía, aunque sus críticos sostienen que pone en riesgo la soberanía nacional sobre recursos fundamentales.