La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado para negar una de las afirmaciones clave del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el rescate presuntamente irregular de la siderúrgica vasca Tubos Reunidos. Según la investigación judicial que dirige el juez Santiago Pedraz, la denominada trama Leire habría influido en la concesión de la ayuda después de que un miembro de la SEPI informara de que Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía, se había opuesto a la operación. Sin embargo, la actual ministra ha asegurado que no asistió a la reunión del consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) en la que supuestamente se transmitió esa postura, y ha rechazado haber recibido presiones de la trama o del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
El informe de la UCO señala que el 15 de junio de 2021, tras una reunión preliminar e informativa del consejo gestor de la SEPI sobre Tubos Reunidos, el exmiembro de la SEPI Miguel Ángel Figueroa contactó con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y uno de los tres integrantes de la trama Leire, para comunicarle que la reunión había sido un «desastre». Figueroa añadió que «la SE Energía dice que no va a aprobar TR» y que «ni siquiera ha venido a decirlo, ha mandado el recado con Paneque», en referencia a la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque. La UCO concluye que Aagesen estaba poniendo objeciones por razones ecológicas y había enviado a Paneque para expresar su oposición durante la reunión a la que ella no había asistido.
Aagesen ha explicado que «la opinión del ministerio no se emitió porque no asistimos a esa sesión del 15 de junio». La ministra ha insistido en que no fue informada de esa reunión preliminar, aunque sí conoció los informes que avalaban los criterios para rescatar a la compañía. Tampoco acudió a la reunión en la que se votó a favor del rescate, celebrada el 13 de julio de 2021, aunque en esa ocasión envió al subsecretario de Estado del ministerio. La vicepresidenta ha negado haber recibido llamadas del PNV, del Ministerio de Industria o de cualquier otro agente para presionar a favor de la ayuda a Tubos Reunidos.
El senador del Partido Popular José Manuel Hernando, que fue el primero en interrogar a Aagesen, ha citado textualmente el informe de la UCO para preguntarle si, aunque no hubiera asistido a la reunión, alguien puso en marcha la idea de que ella se había opuesto al rescate, lo que desencadenó «actuaciones frenéticas» por parte de la trama. Hernando ha resumido que la UCO sostiene que el grupo «Hirurok», formado por Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso —este último socio del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán—, activó la vía política con el PNV para desbloquear la operación. Según los informes, Antxon Alonso se habría encargado de mediar con el PNV para que la formación presionara a favor de la compañía vasca, logrando que la ayuda obtuviera la luz verde del FASEE.
Además del caso de Tubos Reunidos, Aagesen ha sido preguntada por otros dos rescates que también están bajo la lupa judicial: los de Air Europa y Plus Ultra. La ministra formó parte del consejo gestor del FASEE que dio luz verde a la ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra, y ha negado haber recibido presiones del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero, de su entorno o de la cúpula de la aerolínea. En el caso de Air Europa, cuyo rescate es investigado por un juzgado de Madrid por presunta prevaricación administrativa, Aagesen ha rechazado haber recibido presiones de la aerolínea o del exministro José Luis Ábalos y su entorno. La vicepresidenta ha subrayado que no constan mensajes ni documentos que la mencionen en los sumarios de Air Europa o Plus Ultra, a diferencia de lo que ocurre en la causa de Tubos Reunidos.
La comparecencia de Aagesen se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre los rescates concedidos por la SEPI durante la pandemia de covid-19, que suman cientos de millones de euros y han generado varias causas judiciales. La ministra ha defendido la legalidad de su actuación y ha asegurado que siempre actuó conforme a los informes técnicos que avalaban las ayudas. La comisión de investigación del Senado continuará en las próximas semanas con nuevas comparecencias para esclarecer si hubo irregularidades en la concesión de estos fondos públicos.