Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que la Cámara Baja se pronuncie sobre la conveniencia de que España se replantee la organización del Mundial de Fútbol de 2030 junto a Marruecos, después de la avalancha migratoria en la frontera de Ceuta. El grupo, socio de Gobierno del PSOE, insta al Ejecutivo a estudiar la posibilidad de negarse a organizar el torneo con el país africano y a plantear alternativas si la FIFA rechazara esa revisión.
El Mundial de 2030 será organizado de forma conjunta por España, Portugal y Marruecos, y la iniciativa de Sumar pide trasladar formalmente a la FIFA, a la Real Federación Española de Fútbol y al Gobierno portugués «la necesidad de realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta» del evento. La formación subraya que una cita de estas características moviliza recursos públicos, compromete garantías estatales, condiciona inversiones e infraestructuras y proyecta internacionalmente a los países anfitriones, por lo que exige a quienes participan en su organización un respeto efectivo y continuado de los derechos humanos, de la legalidad internacional y de los principios democráticos que deben regir la actuación de los poderes públicos.
La proposición no de ley ha sido firmada por tres diputados de Izquierda Unida y una cuarta parlamentaria del grupo en la Cámara Baja. En el texto, Sumar advierte de que «el fútbol no puede servir para blanquearlo todo» y reclama el «esclarecimiento independiente» de la entrada de inmigrantes en España y la «depuración de responsabilidades» por lo sucedido en la ciudad autónoma. La iniciativa llega horas después de que el diputado de Izquierda Unida Nahuel González pidiera a través de su cuenta en X romper la alianza con Marruecos para el evento deportivo.
El partido recuerda además que el Parlamento Europeo, en una resolución de 10 de junio de 2021, rechazó expresamente el uso por parte de Marruecos del control fronterizo y de la migración, en particular de menores no acompañados, como mecanismo de presión política contra España. A juicio de Sumar, esos antecedentes y los compromisos de derechos humanos asumidos por los países anfitriones deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la continuidad del proyecto compartido.
En el apartado de derechos humanos, Sumar quiere que el Gobierno pida a la Real Federación Española de Fútbol que active los mecanismos institucionales previstos por la FIFA para revisar el cumplimiento del artículo 3 de sus Estatutos, que compromete a la organización con el respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. También solicita una «evaluación independiente, pública y actualizada» de los riesgos para los derechos humanos en los países anfitriones, así como mecanismos permanentes de seguimiento de esos compromisos durante todo el ciclo de preparación del torneo. Ese estudio debería remitirse al Congreso en un plazo de seis meses.
Además, el grupo quiere que el Gobierno informe a la Cámara de las conclusiones de esa revisión y comparezca ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para dar cuenta de todas sus gestiones. Esas gestiones deberían incluir la evaluación del impacto de los acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta sobre los compromisos de derechos humanos vinculados al Mundial y el planteamiento de actuaciones adicionales si se acreditaran incumplimientos graves de los compromisos internacionales asumidos por cualquiera de los países anfitriones. Sumar defiende que, en ese escenario, España debe actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos que sustentan su acción exterior.