El Gobierno de Italia, encabezado por Giorgia Meloni, ha advertido que está valorando la suspensión temporal del espacio Schengen de libre circulación con España como respuesta a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma de Ceuta. La decisión se produce después de que en los últimos días hayan entrado de forma masiva e irregular miles de inmigrantes, principalmente a nado desde Marruecos, lo que ha desbordado los recursos locales y ha generado alarma en varios países europeos.
Meloni se pronunció en sus redes sociales esta noche al señalar que «las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas». La mandataria informó de que se ha reunido con el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, y que «Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos convocando a los organismos competentes, y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España».
El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, secundó la postura de Meloni y afirmó en un mensaje en redes que la «inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional». Tajani vinculó la crisis en Ceuta con la decisión del Gobierno español de regularizar a más de medio millón de inmigrantes irregulares: «Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos».
La respuesta del Ejecutivo español no se hizo esperar. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, convocó este viernes al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, como muestra de protesta. En un mensaje en la misma red social, Albares calificó las declaraciones de Tajani de «impropio para un ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista». La reunión con el embajador italiano se enmarca dentro de las consultas diplomáticas habituales ante declaraciones consideradas hostiles por parte de un socio comunitario.
La amenaza de suspender Schengen no es un hecho aislado. En abril de este año, el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por el partido Fratelli d’Italia de Meloni, envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al comisario de Interior, alertando de que el «nulo rigor» fronterizo del Gobierno de Pedro Sánchez provocaría «un flujo constante e imparable de personas a través del continente». En la misiva, los conservadores advirtieron de que la regularización masiva de inmigrantes en España, sin controles suficientes, se convertiría en «una desventaja permanente para todos los Estados miembros» y socavaría la credibilidad del control migratorio de la UE. Además, señalaron que en pocos años muchos de los regularizados podrían adquirir la ciudadanía española y, por tanto, europea, facilitando su libre circulación por el espacio Schengen.
La crisis migratoria en Ceuta ha puesto a prueba la coordinación entre los países miembros de la Unión Europea. Mientras Italia apunta a medidas unilaterales, España ha desplegado al Ejército en la ciudad autónoma para reforzar el control fronterizo y atender a los miles de personas que han logrado entrar. La situación ha reavivado el debate sobre la política migratoria común europea, con posturas enfrentadas entre los Estados miembros respecto a cómo gestionar los flujos irregulares.
La posible suspensión del acuerdo Schengen, que permite la libre circulación de personas sin controles fronterizos internos entre la mayoría de los países de la UE, sería una medida excepcional. El Tratado de Schengen contempla la posibilidad de restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, pero su aplicación contra un Estado miembro concreto por motivos migratorios no tiene precedentes recientes de esta magnitud. La Comisión Europea aún no se ha pronunciado oficialmente, pero el pulso entre Italia y España amenaza con tensionar aún más las relaciones dentro del bloque comunitario.