El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la crisis migratoria de Ceuta en un argumento de campaña y ha acusado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de aplicar «leyes débiles» y una «mala gestión» que, en su opinión, favorecen la inmigración irregular. Durante una reunión de su gabinete en Camp David, Trump aseguró que la situación en la ciudad autónoma es un anticipo de lo que ocurrirá en Estados Unidos si los demócratas ganan las elecciones presidenciales de 2028.
El mandatario estadounidense afirmó que ha seguido de cerca «la catástrofe que tuvo lugar» en Ceuta y la describió como «la invasión de un país por cientos de miles de personas». Según su versión, España no sabe cómo frenar el flujo migratorio y «están entrando por miles, por decenas de miles». Trump relacionó la situación con una sentencia del Tribunal Supremo español que impide devolver a los migrantes que llegan a nado a la ciudad autónoma, y aseguró que nadie ha visto algo parecido.
Trump también recurrió a sus redes sociales para advertir de que lo ocurrido en España, con «decenas de miles de inmigrantes ilegales invadiendo el país», ya sucedió en Estados Unidos durante la Administración de Joe Biden y volverá a ocurrir «solo que peor» si los demócratas recuperan el poder. En ese mensaje pidió a los ciudadanos que voten a los republicanos para evitar, dijo, que el país sea «destruido». En su intervención ante el gabinete, Trump añadió que Estados Unidos será «invadido a un nivel que hará que lo ocurrido en España parezca insignificante» y que, pese a contar con «la frontera más segura del mundo», será «mucho más fácil entrar». El vicepresidente estadounidense, JD Vance, se sumó a las críticas y calificó la crisis de Ceuta de «lamentable recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de la izquierda radical».
El Departamento de Estado estadounidense, por su parte, expresó su «solidaridad» con España ante una «flagrante violación de su soberanía y de sus derechos humanos», aunque atribuyó la crisis a los «esfuerzos deliberados del Gobierno español por permitir y facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Europa».
La crisis en Ceuta ha disparado también la preocupación en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de «inaceptables» las imágenes de los cruces irregulares y reclamó «frenar de inmediato los cruces peligrosos» hacia la ciudad. Según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional español, unas 49.000 personas habrían entrado de forma irregular en Ceuta. Von der Leyen insistió en que nadie puede entrar en la Unión Europea sin respetar sus normas y defendió desmantelar las redes de tráfico de personas y acelerar los retornos de quienes no tengan derecho a quedarse.
Italia ha sido uno de los países que ha llevado la respuesta un paso más allá. La presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, anunció que Italia y Dinamarca han impulsado una carta suscrita por 22 Estados miembros de la UE para exigir una acción común que refuerce las fronteras exteriores, combata la inmigración irregular, persiga a los traficantes de seres humanos, haga más efectivos los retornos y elimine «todo factor que pueda incentivar nuevos ingresos ilegales». El Gobierno italiano ha solicitado además el cierre del espacio Schengen en los controles de entrada desde España, una medida que afectará a los viajes aéreos y marítimos entre ambos países.
El Ministerio del Interior de Italia ordenó la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España. El titular de Interior, Matteo Piantedosi, adoptó la decisión tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras. La suspensión temporal de Schengen puede durar entre tres y seis meses, aunque en caso de urgencia el periodo inicial puede ser de un mes y ampliarse hasta un máximo de tres. Italia también acordó con Francia reforzar los controles en la frontera terrestre franco-italiana, en una nueva muestra de tensión diplomática dentro de la UE.
Aunque Italia no comparte frontera terrestre con España, la normativa comunitaria permite a un Estado miembro restablecer controles en las fronteras aéreas y marítimas cuando no hay frontera terrestre común. La medida intensifica el debate migratorio europeo, en el que el caso de Ceuta se ha convertido en el último episodio de una controversia política entre los socios comunitarios.