El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido que mantuvo contacto directo con la aerolínea Plus Ultra durante el proceso de concesión del rescate de 53 millones de euros, aunque desde Moncloa insisten en que todo se desarrolló dentro de un «cauce regulado». La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, defendió este martes la legalidad del procedimiento y aseguró que el crédito fue tramitado y avalado por varios organismos. Fuentes gubernamentales señalaron que la interlocución entre la empresa y la administración es inherente a este tipo de procesos, pero negaron que hubiera presiones políticas o favores de por medio.
La controversia ha resurgido después de que Julio Martínez, amigo y antiguo pagador del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, declarase ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. Martínez afirmó que tanto Zapatero como su equipo cobraron una comisión del 1% por el rescate a Plus Ultra, lo que equivaldría a 530.000 euros. Durante más de tres horas de declaración, el empresario confirmó el contenido de un escrito remitido al magistrado en el que acusaba a Zapatero de «marcar los pasos a seguir» y de intervenir directamente en la operación de salvamento de la aerolínea.
Según el testimonio de Martínez, la empresa Análisis Relevante, para la que trabajaba Zapatero, fue creada específicamente para que el expresidente actuara como «principal consultor» y extendiera sus relaciones internacionales. Martínez declaró que Zapatero «era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes», contradiciendo la versión que el propio Zapatero ofreció ante el juez hace un mes, cuando afirmó que no gestionaba la compañía sino que trabajaba para ella. Esta discrepancia ha sido destacada por fuentes judiciales como un elemento clave en la instrucción.
Desde Moncloa, sin embargo, se mantiene la confianza en Zapatero. Fuentes del Ejecutivo aseguraron que «seguimos defendiendo la presunción de inocencia» y que, ante las versiones contradictorias, eligen creer las palabras del expresidente «hasta que se demuestre lo contrario». La portavoz Elma Saiz subrayó que el rescate a Plus Ultra se concedió por motivos técnicos y que no se recibieron presiones ni se pidieron favores, en un contexto de apoyo público temporal a empresas afectadas por la pandemia de Covid-19.
El caso ha generado un intenso debate político, con la oposición exigiendo explicaciones más detalladas sobre los contactos entre el Gobierno y la aerolínea. El juez Calama, que investiga posibles delitos de corrupción, cuenta ahora con el testimonio de Martínez como elemento para contrastar la versión de Zapatero. La declaración del empresario, que se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia, añade presión sobre el expresidente y sobre el propio Ejecutivo, que insiste en que el procedimiento fue legal y transparente.
Mientras tanto, la aerolínea Plus Ultra continúa operando con los fondos del rescate, que fueron aprobados por el Consejo de Ministros en 2020. El caso sigue su curso en la Audiencia Nacional, donde se esperan nuevas comparecencias en las próximas semanas. La investigación se centra ahora en determinar si hubo mediación política en la concesión del crédito y si existió alguna contraprestación ilegal, como la comisión del 1% mencionada por Martínez.