El coste de sustituir a un trabajador autónomo durante el primer mes de baja alcanza los 2.339,90 euros, mientras que el rendimiento neto medio mensual de su actividad se sitúa en 2.298 euros. Esto significa que mantener abierto el negocio durante una ausencia temporal puede resultar más caro que el beneficio que genera en un mes, según advierte el informe «El coste oculto de la conciliación en el trabajo autónomo», elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam).
El estudio, construido sobre una actividad tipo a partir de datos oficiales, analiza cuánto cuesta realmente mantener activa una actividad económica cuando su titular debe ausentarse por maternidad, enfermedad o para atender a un familiar dependiente. El trabajo pone de manifiesto que la conciliación sigue siendo uno de los grandes retos pendientes del trabajo autónomo en España, no porque los trabajadores por cuenta propia carezcan de derechos, sino porque ejercerlos implica, en demasiadas ocasiones, asumir un coste económico que pone en riesgo la continuidad de su negocio.
Para el presidente del Icogam, Fernando Jesús Santiago Ollero, esta realidad explica por qué miles de autónomos renuncian cada año a ejercer plenamente su derecho a conciliar. «En España seguimos hablando de conciliación como si fuera únicamente un derecho laboral, cuando para millones de trabajadores autónomos es, sobre todo, un problema económico. Si cuidar de un hijo, recuperarse de una enfermedad o atender a un familiar supone poner en riesgo tu negocio, la conciliación deja de ser un derecho para convertirse en un lujo», afirma.
El informe toma como referencia una actividad tipo desarrollada por un trabajador autónomo y analiza los dos escenarios posibles ante una ausencia temporal. Si el autónomo decide cerrar el negocio, pierde aproximadamente 2.298 euros por cada mes de inactividad, sin contar alquileres, suministros, préstamos u otros costes fijos que continúan existiendo aunque la persiana permanezca bajada. Si opta por mantener abierta la actividad contratando a una persona sustituta, debe asumir un coste laboral cercano a 1.880 euros mensuales, al que se suma el impacto económico derivado del proceso de selección, formación y adaptación del nuevo trabajador. El resultado es un coste total de 2.339,90 euros durante el primer mes, superior al rendimiento neto medio mensual obtenido por la actividad.
Una vez superada la fase inicial de adaptación, el margen económico disponible apenas alcanza 417 euros mensuales, una cantidad insuficiente para absorber cualquier incidencia adicional o compensar otros gastos asociados al funcionamiento del negocio. «Este informe demuestra algo que muchos autónomos llevan años sufriendo en silencio: sustituirse durante una baja puede costar más que el beneficio que genera su negocio en un mes. Cuando las cuentas no salen, el resultado es evidente: miles de profesionales siguen trabajando enfermos, reducen sus permisos o renuncian a cuidar de sus familias porque no pueden permitirse cerrar», señala Santiago Ollero.
España cuenta actualmente con 3.425.767 trabajadores autónomos, una gran parte de ellos al frente de pequeños comercios, despachos profesionales, talleres, establecimientos de hostelería o empresas familiares cuya actividad depende directamente de la presencia de su titular. A diferencia de las empresas con estructuras organizativas más amplias, estos negocios no pueden redistribuir fácilmente el trabajo cuando su responsable debe ausentarse. La continuidad de la actividad depende, casi siempre, de encontrar una persona capaz de sustituirle en un plazo muy reducido y asumir un coste que, en muchos casos, resulta inasumible.
Para los Gestores Administrativos, esta situación explica por qué muchos autónomos continúan trabajando durante enfermedades, retrasan intervenciones médicas o reducen sus permisos por nacimiento. «No podemos aceptar que un trabajador por cuenta propia tenga que elegir entre proteger su salud o proteger la empresa que ha construido con años de esfuerzo. Ningún derecho es realmente efectivo cuando ejercerlo puede significar perder el medio de vida», advierte el presidente del Icogam.
El informe analiza también las políticas de apoyo existentes en las comunidades autónomas y concluye que el nivel de protección varía considerablemente según el territorio. Solo algunas comunidades han desarrollado ayudas específicas destinadas a facilitar la sustitución temporal del trabajador autónomo y, aun así, las cuantías resultan claramente insuficientes para cubrir el coste real. La falta de un sistema homogéneo y suficiente de apoyo agrava la situación de los autónomos, que se enfrentan a una encrucijada entre ejercer sus derechos o mantener a flote su negocio.