El PSOE y Sumar han alcanzado este miércoles un acuerdo sobre el decreto de medidas de vivienda que el Gobierno pretende aprobar antes de que finalice julio. El texto pactado por las dos formaciones del Ejecutivo de coalición incluye, como principal novedad, una prórroga extraordinaria de hasta dos años para aquellos contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028. Esta medida amplía en seis meses el plazo establecido en la primera prórroga aprobada en marzo, que fijaba como fecha límite el 31 de diciembre de 2027.
Según fuentes del Ministerio de Vivienda y de Sumar, la nueva extensión automática permitirá que los inquilinos cuyos contratos venzan entre el 21 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2028 puedan mantener las mismas condiciones sin cambios en el precio. Desde Sumar calculan que esta medida beneficiará a aproximadamente un millón y medio de hogares, lo que equivale a unos cuatro millones de inquilinos. La formación que lidera Yolanda Díaz destaca que la prórroga es «reforzada» respecto a la anterior, ya que abarca un mayor número de contratos y amplía la cobertura en casi un millón de personas.
El decreto incluye también otras medidas destinadas a contener el precio del alquiler y aportar estabilidad al mercado. Entre ellas figuran bonificaciones en el IRPF para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler, así como una subida del IVA aplicable a los pisos turísticos, que pasará al 21 %. Además, el texto incorpora una regulación específica para los alquileres de temporada y por habitaciones, con el objetivo de evitar el uso fraudulento de estas modalidades de arrendamiento. También se establece la obligatoriedad de que todos los contratos de alquiler se formalicen por escrito.
Desde Sumar añaden que el decreto endurecerá el régimen sancionador para los alquileres vacacionales, con el fin de castigar la publicidad irregular que se realiza a través de plataformas online. La otra pata del texto se centra en movilizar más vivienda asequible mediante «medidas de agilidad administrativa», según fuentes del Ministerio de Vivienda, aunque los detalles concretos aún no se han hecho públicos.
El Gobierno tenía la intención de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto antes del pleno extraordinario de este jueves, 23 de julio, para someterlo a votación ese mismo día. Sin embargo, la norma no se aprobará hasta el Consejo de Ministros del próximo martes, por lo que su convalidación en el Congreso de los Diputados no se producirá hasta después del verano, previsiblemente a finales de agosto o principios de septiembre. El visto bueno de la Cámara Baja es imprescindible para que el decreto despliegue todos sus efectos de forma definitiva. Si el Congreso lo rechaza, las medidas dejarán de aplicarse, como ocurrió en abril con la primera prórroga extraordinaria, que estuvo vigente apenas cinco semanas hasta que PP, Vox y Junts la tumbaron.
El principal desafío ahora para el Ejecutivo es lograr el respaldo del resto de fuerzas políticas, especialmente de Junts y Podemos, cuyos votos son clave para que la convalidación prospere. Junts condiciona su apoyo a que el texto recoja deducciones fiscales por la compra de vivienda, incentivos al alquiler para inquilinos con rentas inferiores a 33.000 euros y beneficios para las personas mayores que vendan su vivienda habitual para costearse una residencia. También exige que el Gobierno acelere la transposición de la directiva europea del IVA franquiciado para autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, una demanda a la que Hacienda se ha mostrado hasta ahora contraria por el impacto económico que supondría.
Por su parte, Podemos ha advertido al Gobierno de que no puede dar por hecho su apoyo si el decreto incluye deducciones fiscales a propietarios y deja fuera la moratoria antidesahucios, una medida que Junts rechaza. Según fuentes de Sumar, el borrador pactado en el seno del Gobierno incluye el compromiso de «negociar» con los grupos parlamentarios estas cuestiones, aunque el texto final aún está abierto a cambios. Desde el Ministerio de Vivienda insisten en que su prioridad es lograr un acuerdo amplio que garantice la convalidación y llaman a la discreción «en aras del acuerdo», aunque anticipan un decreto «amplio y ambicioso» con soluciones estructurales para afrontar el problema de la vivienda en España.