El Congreso de los Diputados se encuentra en la recta final para aprobar una pasarela legislativa que permita a los mutualistas trasladar sus cotizaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, una medida que pondría fin a una larga pesadilla para miles de profesionales liberales que descubrieron que sus años de aportaciones a mutualidades se traducirían en pensiones ínfimas, muy por debajo de la mínima.
El Gobierno ha cifrado el impacto de esta iniciativa en 5.204 millones de euros para unos 47.000 mutualistas con derecho previo a pensión pública, aunque otras fuentes elevan la estimación a varios cientos de miles de afectados. La propuesta ha concitado un amplio respaldo entre los grupos políticos, pero aún quedan por definir los detalles sobre quiénes y en qué condiciones podrán acogerse a esta pasarela, en lo que los afectados esperan sea el último episodio de una larga odisea.
Mónica Sánchez, arquitecta de 54 años que trabaja en Pontevedra, relata cómo descubrió hace aproximadamente dos años que su futura pensión sería insuficiente. «Me enteré hará como mucho dos años, porque los arquitectos fuimos de los últimos en enterarnos de esta historia. Los abogados fueron los primeros y empezaron a surgir chats de WhatsApp, redes sociales… y empezamos a descubrir un poco la historia», explica. «Lo primero de lo que me enteré es que había sido todo un engaño, de que la pensión que me iba a quedar no era ni la mínima, sino una pensión con la que no puedo vivir, de 400 y pico euros. Tendría que seguir trabajando hasta el fin de mi vida. Enterarte de esa manera es un shock. Me sentí totalmente engañada».
El origen del mutualismo se remonta a antes de la configuración del actual sistema de Seguridad Social, cuando los distintos gremios crearon entidades sin ánimo de lucro para ofrecer cobertura de jubilación, incapacidad, fallecimiento y otras contingencias a sus miembros. A partir de los años 80, todas estas entidades fueron integradas en el RETA, excepto aquellas vinculadas a colegios profesionales, que funcionaron como un sistema sustitutorio de la Seguridad Social para sectores como arquitectos, abogados, procuradores y médicos.
En 1995, tras la aprobación de la Ley de Ordenación del Seguro Privado, las mutualidades, que hasta entonces operaban bajo un sistema de solidaridad intergeneracional basado en un fondo común —la llamada capitalización colectiva—, fueron obligadas a cambiar de modelo. De manera paulatina, adoptaron el sistema de capitalización individual, en el que cada mutualista acumula el ahorro de sus propias aportaciones para financiar su futura pensión. Aunque desde entonces cualquier mutualista podía pasarse al RETA, hacerlo suponía perder todo el dinero invertido hasta ese momento, por lo que prácticamente nadie optó por esa vía.
Isabel Rabel, portavoz del movimiento Plataforma Pasarela RETA, una organización paraguas que agrupa a las plataformas que han liderado las movilizaciones en los últimos años, critica duramente el sistema de capitalización individual. «La capitalización individual es un sistema fallido, no se sostiene. Porque la alternatividad consiste en que abres una caja, metes 100 euros al mes y cuando te jubiles abres la caja y con lo que te queda vives, sin actualización de IPC, sin tener en cuenta la devaluación de la moneda, o sea, un auténtico sistema cafre y muy fallido, para que nos entendamos», declara.
Antonia Moyano, abogada colegiada desde 1989, cuando la afiliación a la mutualidad era obligatoria y no optativa, explica que cuando las mutualidades pasaron del sistema de capitalización colectiva al individual, ella optó por quedarse en la mutua. «Yo tenía casi casi 10 años en la mutua, y si me iba a autónomo esos los perdía. Hay que comprender que la información que se daba era muy sesgada porque los colegios no querían que nos fuéramos. Se nos dijo que era peor, que había que seguir porque estamos en una mutua de los abogados, que nos va a proteger y que perdíamos el dinero de la antigüedad», relata esta barcelonesa de 63 años.
La falta de transparencia por parte de los colegios profesionales y las propias mutualidades ha sido una constante en el relato de los afectados. Muchos aseguran que no fueron informados adecuadamente sobre las consecuencias de permanecer en el sistema de capitalización individual, que con el paso de los años y el aumento de la esperanza de vida, la inflación y los menores rendimientos de las inversiones, ha resultado en pensiones cada vez más reducidas. El mismo capital acumulado tenía que repartirse durante muchos más años, lo que ha dejado a miles de profesionales con pensiones que no alcanzan ni la mínima.
La pasarela al RETA representa, para muchos mutualistas, la única posibilidad de acceder a una pensión digna tras décadas de cotizaciones. La medida, que se espera sea aprobada en las próximas semanas, permitiría a los afectados traspasar sus cotizaciones al régimen general de autónomos y así computar los años de aportaciones para alcanzar la pensión mínima. Aunque el camino ha sido largo y lleno de incertidumbres, los mutualistas confían en que esta vez la solución sea definitiva y ponga fin a lo que describen como una pesadilla que ha marcado sus planes de jubilación.