El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez la declaración de «emergencia nacional» ante la situación de presión migratoria extrema que sufre la ciudad autónoma. El dirigente del Partido Popular (PP) considera que los flujos de entrada de inmigrantes irregulares, que se producen a diario y rondan las 300 personas cada jornada, requieren una respuesta inmediata y coordinada desde el Ejecutivo central.
Vivas ha advertido de que en la última semana han entrado en Ceuta 1.500 personas, una cifra que equivale a casi el 2% de la población total de la ciudad. Solo el miércoles, más de 800 inmigrantes intentaron acceder a nado a la ciudad autónoma, en un contexto que el presidente ceutí califica de «absoluta emergencia humanitaria y social». La saturación de los centros de acogida, tanto para adultos como para menores, es una de las prioridades que Vivas ha puesto sobre la mesa, reclamando al Estado recursos provisionales y apoyo financiero para la ciudad.
En declaraciones a Onda Cero, el presidente de Ceuta ha insistido en que la presión migratoria sobre la ciudad es «una constante», singularizada por ser la única frontera terrestre y marítima que España y Europa tienen en África, junto con Melilla. Sin embargo, ha señalado que se están produciendo «picos de especial intensidad» que convierten la situación en una emergencia de alcance nacional. «Hay que abordarlo desde esa perspectiva, como una emergencia nacional a través de una acción decidida, enérgica, proporcional, contundente, inmediata y que esté coordinada a través de un mando único», ha subrayado.
Vivas ha detallado que mantiene un «contacto permanente» con el Gobierno de Pedro Sánchez, tanto a través de la Delegación del Gobierno como de distintos ministerios, y espera que su petición «haya encontrado comprensión». El presidente ceutí ha exigido que se actúe con «la energía que requiere una crisis y una emergencia de esta envergadura, de esta magnitud y de esta naturaleza». Además, ha puesto el foco en la necesidad de intensificar la colaboración con Marruecos para cortar la entrada masiva, así como reforzar los efectivos y medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera y en la seguridad ciudadana.
Otro de los puntos clave que Vivas ha reclamado es la modificación de la ley tras la sentencia del Tribunal Supremo contra las devoluciones en caliente. En su opinión, si no se aplican medidas decididas y contundentes, «a la vuelta de un mes estaremos como en mayo de 2021», en referencia a la grave crisis migratoria que vivió Ceuta aquel año. En aquella ocasión, más de 8.000 personas entraron en la ciudad en cuestión de días, generando una crisis humanitaria sin precedentes. El presidente ceutí advierte de que la situación actual es comparable si no se actúa con urgencia.
La petición de Vivas se produce en un contexto de creciente tensión en la frontera sur de España. Ceuta, junto con Melilla, son los dos únicos enclaves españoles en el norte de África y constituyen la puerta de entrada a Europa para miles de migrantes cada año. Las autoridades locales llevan semanas alertando del aumento de los intentos de entrada, especialmente a través de la vía marítima, ante la falta de medios suficientes para disuadir a las personas que intentan llegar a nado desde la costa marroquí.
El Gobierno central, por su parte, no ha respondido de forma oficial a la petición de Vivas, aunque el presidente de Ceuta confía en que el Ejecutivo comprenda la gravedad de la situación. Fuentes del Ministerio del Interior han señalado en anteriores ocasiones que se mantiene una colaboración constante con las autoridades marroquíes para controlar los flujos migratorios. Sin embargo, la presión sobre Ceuta sigue siendo alta y las organizaciones humanitarias denuncian las condiciones de hacinamiento en los centros de acogida de la ciudad.
Ceuta cuenta con una población de unos 85.000 habitantes, por lo que la llegada de 1.500 personas en una semana supone un impacto demográfico y social significativo. La ciudad autónoma ya se enfrenta a limitaciones en sus servicios públicos, y la saturación de los centros de acogida agrava la situación. Vivas ha reiterado que la prioridad es atender la emergencia humanitaria, pero también prevenir que la situación se descontrole. La declaración de «emergencia nacional» que reclama permitiría una movilización extraordinaria de recursos del Estado y una coordinación más eficaz entre administraciones.