La llegada de millones de ucranianos tras la invasión rusa comenzó como una respuesta humanitaria y se ha convertido también en una cuestión económica estructural para Europa. Los primeros meses exigieron gasto en alojamiento, sanidad, escuelas y ayudas. Cuatro años después, varios países pueden medir cómo una parte creciente de esa población trabaja, cotiza, consume y cubre vacantes que estaban abiertas antes de la guerra.
A finales de junio de 2026 había 4,41 millones de personas huidas de Ucrania bajo protección temporal en la Unión Europea. Alemania acogía a 1,286 millones, Polonia a 961.170 y Chequia a 390.810. España también mantiene una de las comunidades más grandes: a 31 de mayo de 2026 tenía 267.400 beneficiarios de protección temporal.
El caso de Polonia permite ver el cambio con mayor claridad. Un estudio elaborado por Deloitte para ACNUR estima que la presencia de refugiados ucranianos generó en 2024 un valor añadido equivalente al 2,7% del PIB polaco. La tasa de empleo de los refugiados en edad laboral llegó al 69%, frente al 75% de los ciudadanos polacos.
El dato no representa simplemente impuestos pagados. El modelo calcula cuánto menor habría sido la economía sin esos trabajadores y consumidores. Incluye empleo, cotizaciones, IVA, impuestos especiales y el aumento de ingresos de empresas que producen más gracias a una plantilla mayor o a una demanda adicional.
Una de las conclusiones más relevantes es que el aumento de la oferta laboral no se tradujo en más desempleo ni en menores salarios reales para los polacos. El número total de ocupados creció y las empresas pudieron reorganizar tareas y especializarse mejor. El efecto positivo, por tanto, no procede solo de sumar horas trabajadas, sino también de cambios en productividad.
Chequia aporta una señal fiscal. Su Ministerio de Trabajo informó de que en 2024 los ingresos públicos vinculados a los refugiados ucranianos superaron los gastos en 9.700 millones de coronas. Tras los primeros nueve meses de 2025, el superávit acumulado alcanzó 11.700 millones. Solo en el tercer trimestre, los ingresos modelizados fueron de 8.200 millones frente a 3.900 millones de gasto.
Alemania está en una fase diferente. La tasa de empleo ucraniana es menor, pero la tendencia crece con rapidez. En diciembre de 2025 trabajaban 372.900 ciudadanos ucranianos, de los que 320.600 tenían empleo sujeto a cotizaciones sociales. Desde febrero de 2022, el número de ocupados aumentó en más de 307.000.
Estos resultados no permiten afirmar que España obtiene exactamente el mismo saldo. Cada país tiene salarios, sectores, prestaciones, costes de vivienda y procedimientos de homologación distintos. La OCDE ya había observado diferencias muy grandes: Polonia, Lituania y Estonia superaron pronto el 50% de empleo entre refugiados ucranianos, mientras Alemania, Austria y Bélgica avanzaron más despacio.
En el conjunto de Europa, el efecto ucraniano forma parte de una transformación demográfica más amplia. El FMI calcula que cerca de dos tercios de los empleos creados en la UE entre 2019 y 2023 fueron ocupados por ciudadanos no comunitarios, mientras el paro entre ciudadanos de la Unión se mantuvo en mínimos históricos. Los refugiados ucranianos, según el mismo análisis, se incorporaron al trabajo más rápido que anteriores oleadas de refugiados en muchos países.
También hubo un coste inicial considerable. El FMI estimó en 2022 que el primer año de acogida podía costar entre 30.000 y 37.000 millones de euros a los países de la UE. La experiencia posterior muestra que ese coste no define por sí solo el impacto a medio plazo: cuanto más sube el empleo, mayor es el retorno en impuestos, cotizaciones y consumo.
El siguiente salto depende de la cualificación. En Polonia, solo alrededor de un tercio de los refugiados con título universitario trabaja en puestos que realmente requieren educación superior. El idioma también tiene un efecto salarial medible. Para España, donde buena parte de la población ucraniana ya lleva varios años, la cuestión empieza a ser parecida: no solo cuántas personas trabajan, sino cuántas pueden ejercer la profesión para la que se formaron.
La protección temporal está prorrogada hasta marzo de 2027. Ese calendario convierte los próximos meses en una fase decisiva. Si el acceso al empleo se combina con homologación de títulos, aprendizaje del idioma y cuidados infantiles, una política nacida para proteger a personas desplazadas puede seguir transformándose en una fuente adicional de trabajo, consumo y productividad para las economías europeas.