El sistema anticorrupción ucraniano entra en una fase en la que importa menos contar únicamente las investigaciones y más observar cuántas avanzan hacia los tribunales y las sentencias. El informe de NABU y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, SAPO, correspondiente al primer semestre de 2026 permite seguir esa transformación con cifras concretas.
Entre enero y junio se abrieron 360 investigaciones. 107 personas adquirieron la condición de sospechosas. Los fiscales enviaron 56 escritos de acusación contra 106 personas a los tribunales. Al mismo tiempo, 55 sentencias condenatorias que afectaban a 76 personas adquirieron firmeza. Cada cifra representa una fase jurídica distinta.
El caso de mayor impacto político afecta a un antiguo jefe de la Oficina del Presidente. NABU y SAPO sospechan que él y otras seis personas participaron en el blanqueo de más de 460 millones de grivnas mediante la construcción de una urbanización de lujo en Kozyn, cerca de Kyiv. Según los investigadores, casi nueve millones de dólares estarían vinculados a una trama de corrupción en Energoatom. La investigación continúa.
Un exministro de Energía también es sospechoso de blanqueo de capitales y participación en una organización criminal. NABU afirma que, durante su etapa en el cargo, la organización recibió a través de una persona de confianza más de 112 millones de dólares en efectivo procedentes de actividades ilegales en el sector energético. No existe todavía una sentencia que determine su culpabilidad.
Otro expediente implica a un antiguo subjefe de la Oficina del Presidente. Los investigadores sospechan que se obtuvieron de forma indebida más de 141 millones de grivnas en pagos de la tarifa verde por electricidad atribuida a instalaciones solares situadas en territorios ocupados de la región de Zaporiyia. El caso sigue en fase de investigación.
La transformación también se ve en el sector de defensa. El informe menciona investigaciones sobre bienes militares, más de 32 millones de grivnas en una trama relacionada con Ukroboronprom y la presunta exigencia de un soborno de un millón de dólares para firmar un contrato de compra de drones FPV. Durante una guerra, el control de estas compras se convierte en una cuestión de capacidad militar además de integridad administrativa.
La parte judicial muestra qué ocurre cuando los expedientes superan la fase de investigación. En abril, la sala de apelación del Tribunal Superior Anticorrupción mantuvo una pena de seis años de prisión para Roman Nasirov, antiguo responsable del servicio fiscal. En junio, el tribunal aprobó un acuerdo de reconocimiento de culpabilidad con Vsevolod Kniaziev, expresidente del Tribunal Supremo, y le impuso cinco años de prisión.
El informe también traduce la actividad en dinero. NABU calcula un efecto económico superior a 2.060 millones de grivnas durante el semestre. Más de 864 millones fueron reembolsados al Estado, más de 139 millones en activos se transfirieron a las fuerzas de defensa y se habrían ahorrado 726 millones en compras de drones. Las confiscaciones ordenadas por los tribunales superaron 321 millones.
A 30 de junio, los reembolsos acumulados al Estado en los casos de NABU y SAPO alcanzaban 12.300 millones de grivnas, mientras que el valor acumulado de los activos transferidos a defensa superaba 3.200 millones. Son cifras históricas acumuladas, no resultados exclusivos del primer semestre.
La dimensión europea acelera este cambio. NABU vincula la cooperación internacional con la protección de la ayuda exterior, los fondos de la Unión Europea y los recursos destinados a la reconstrucción. En mayo, el Consejo de la UE aprobó otro pago de casi 2.800 millones de euros del Ukraine Facility y señaló reformas relacionadas con la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales.
La evolución que muestran los datos es, por tanto, institucional. Investigar a antiguos altos cargos es una señal de alcance. Llevar los casos a juicio es una señal de capacidad procesal. Obtener sentencias firmes y recuperar recursos públicos es una señal de resultado. El sistema sólo será creíble si mantiene las tres etapas sin sustituir el juicio por la exposición mediática: los sospechosos conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.