El programa que ofrecía a mujeres presas salir de la cárcel mediante un contrato militar ha pasado por varias etapas desde que se conocieron los primeros reclutamientos. La más reciente está marcada por denuncias de violencia sexual y por una pregunta distinta a la que dominaba al principio: no cuántas mujeres aceptaron ir a la guerra, sino qué protección tuvieron una vez dentro de la estructura militar.
Verstka describe una ola de reclutamiento en la que se ofrecían contratos de un año, salarios mensuales desde 220.000 rublos, pagos por heridas y la liberación del resto de la condena. Varios cientos de mujeres fueron preparadas y enviadas a la guerra contra Ucrania como sanitarias militares, según el medio.
Ese cambio —de prisión a unidad militar— transformó la forma de dependencia, pero no la eliminó. El mando decidía el destino, las condiciones de servicio y la exposición al frente. Una entrevistada relata que un comandante ofrecía mantener a las mujeres en un hospital si acudían a verlo de noche, en lugar de enviarlas a posiciones más peligrosas. Algunas aceptaron. Más tarde, según la fuente, descubrieron que él no tenía capacidad real para decidir su destino.
La historia de Lyudmila Poltarakova lleva esa dinámica a una acusación de violación. Ella afirma que el comandante de regimiento Sergey Zhitkov empezó llamándola para masajes y después se volvió agresivo. Poltarakova sostiene que Zhitkov la violó en febrero de 2025 y que la violencia continuó durante marzo. La acusación no ha sido establecida por una sentencia pública.
Poltarakova dice que después se le exigieron servicios sexuales para otro militar de alto rango. Tras enfrentarse a la situación fue trasladada a otro batallón médico, pero asegura que antes la obligaron a firmar una declaración afirmando que Zhitkov no había ejercido violencia contra ella. Explicó que aceptó por miedo a las consecuencias para su servicio.
En junio de 2026, según Verstka, Poltarakova denunció formalmente la supuesta violación ante un fiscal militar. Después afirmó que intentaban enviarla con urgencia al frente y que temía que la orden pudiera utilizarse para acabar con ella.
El 30 de junio, una publicación independiente identificó a Poltarakova como contratista del 370.º Batallón Médico Separado. En su mensaje habló de más de 80 mujeres condenadas que habían firmado contratos con el Ministerio de Defensa y describió su trabajo en equipos de evacuación en la primera línea. El 1 de julio se informó de otro mensaje suyo: decía haber recibido una orden urgente de ir al frente y temer por su vida.
Verstka informó más tarde de que Poltarakova estaba viva y se encontraba en la primera línea. Según el medio, las autoridades abrieron una causa penal contra ella por negarse a cumplir una orden de combate, mientras que no se abrió una causa por la denuncia de violación. No hay documentos procesales públicos en las fuentes disponibles que permitan confirmar de manera independiente esos dos estados.
La cronología general también ha cambiado con el tiempo. El año 2024 sirve para ubicar la fase estudiada por la nueva investigación, pero no el inicio del reclutamiento femenino. Current Time informó ya en marzo de 2023 de mujeres sacadas de colonias y del papel de reclutadores del Ministerio de Defensa. RFE/RL entrevistó posteriormente a una mujer que firmó un contrato desde prisión en verano de 2023 y trabajó como enfermera en la región de Donetsk. Ella también relató avances no deseados de soldados y promesas que no coincidieron con la realidad.
La evolución del sistema muestra cómo una política de personal puede convertirse en un problema de derechos y control institucional. Cuanto más depende una recluta de la promesa de libertad y de un destino menos peligroso, mayor es el poder de quien aparenta poder concedérselos. La siguiente fase dependerá de si la denuncia de Poltarakova genera una investigación separada de la misma cadena de mando que sigue decidiendo dónde debe servir.