La Administración de Donald Trump ha impuesto sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) como institución, en una escalada de su campaña para desmantelar el tribunal con sede en La Haya. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la medida este viernes, después de que el Premio Nobel de la Paz recayera en la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI que dirigió investigaciones contra tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.
Las sanciones bloquean cualquier activo que la CPI pueda tener en jurisdicciones estadounidenses y establecen un plazo de seis meses para que las empresas y personas estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con la Corte pongan fin a dichas relaciones. Rubio afirmó en un discurso en vídeo difundido en redes sociales que se prohibirán las transacciones con «este tribunal ilegal», cortándole los recursos y paralizando su capacidad de actuar contra Estados Unidos. «Ni Estados Unidos ni el pueblo estadounidense están sujetos a la jurisdicción de esta falsa CPI», declaró.
El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que tanto republicanos como demócratas tienen profundas reservas hacia la Corte, creada para juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que de otro modo quedarían impunes. Sin embargo, añadió que solo Trump está dispuesto a tomar medidas: «Ambos partidos están de acuerdo en esto, pero solo el presidente Trump tiene la determinación necesaria para tomar las medidas que se requieren para acabar con esta amenaza de una vez por todas. O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI».
Rubio también instó a los aliados de Washington a sumarse a las medidas contra el tribunal. «Esperamos que nuestros aliados, muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa, pongan freno a este tribunal deshonesto», afirmó. «Si no lo hacen, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar la CPI, pieza a pieza, hasta que los estadounidenses dejen de estar amenazados».
Según la Administración Trump, hasta la fecha Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas vinculadas al tribunal. Las nuevas medidas incluyen el bloqueo de todos los bienes y derechos sobre bienes de la CPI que se encuentren en Estados Unidos o estén en posesión o bajo control de personas estadounidenses, que deberán notificarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Asimismo, quedan prohibidas todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro del país que impliquen bienes de personas designadas o bloqueadas, salvo que estén exentas o autorizadas mediante una licencia de la OFAC.
La Unión Europea reaccionó con una declaración tibia pero crítica. «La Unión Europea siempre ha apoyado a la Corte Penal Internacional. Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones», afirmó la Comisión Europea en un comunicado. Bruselas subrayó que colaborará estrechamente con la CPI para garantizar que siga funcionando de manera eficaz y que seguirá comprometida con los 125 Estados parte del Estatuto de Roma para preservar su independencia. «Dado que hay un plazo de seis meses antes de que las medidas sean aplicables, existe margen para el diálogo», añadió el Ejecutivo comunitario, que se mostró dispuesto a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los intereses de los operadores europeos en el mercado único.
La propia CPI respondió con dureza a la decisión. «Hoy, Estados Unidos ha impuesto sanciones a la Corte Penal Internacional como institución. Esta medida sin precedentes se produce tras una serie de sanciones contra trece jueces y fiscales independientes que sirven a la causa de la justicia», señaló el tribunal. La Corte subrayó que la medida va dirigida contra una institución judicial independiente, creada en virtud de un tratado y a la que 125 Estados han encomendado la investigación y el enjuiciamiento del genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. «Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia», concluyó.
El anuncio de las sanciones coincide con la concesión del Nobel de la Paz a Navi Pillay, exjueza de la CPI que dirigió investigaciones contra tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. El presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, elogió su labor: «Hoy, cuando estos mismos jueces son sancionados y sus instituciones son objeto de ataques, necesitamos personas con valentía, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su labor como jueza».