El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional un informe «exhaustivo» sobre la evolución del accionariado de Plus Ultra. El objetivo es analizar el eventual impacto que la entrada de capital de origen venezolano pudo tener en la concesión del rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea.
La petición del magistrado, formulada en una providencia, atiende la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. Calama ha pedido a la UDEF que prepare el informe «en los términos solicitados» por la fiscal del caso, Elena Lorente, que reclama una investigación centrada especialmente en los cambios registrados a partir de 2017, año en el que entraron en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano.
El Ministerio Fiscal recuerda en su escrito que Plus Ultra se constituyó el 25 de agosto de 2011, con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores. Después se produjeron «diversos cambios accionariales particularmente significativos», que la instrucción quiere aclarar para determinar en qué medida afectaron a la solicitud de ayuda pública presentada el 1 de septiembre de 2021.
La fiscal considera necesario conocer la evolución accionarial completa de la compañía para «valorar la incidencia» del capital venezolano que supuestamente se invirtió en Plus Ultra. Por ello, reclama un «exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa» desde la constitución de la sociedad hasta la fecha, con los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relacionados con la financiación resulten de interés.
El informe aportado por la UDEF en noviembre de 2025 ya aludía a la existencia de protocolos notariales que evidencian que, a partir de 2017, la sociedad comenzó a estar controlada por socios que realizaban aparentemente aportaciones de capital. Entre ellos figuran Camilo Ibrahim Issa, nacionalizado español; Rodolfo Reyes Rojas, cuyo teléfono fue intervenido en Estados Unidos y que se encuentra en busca y captura; María Aurora López López; Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Borquez Tarff.
El mismo documento menciona a Raif El Arigie Harbie, que sin detentar participación accionarial ocupó cargos de responsabilidad, y al venezolano Alcíades José Carión Carrión, que mantuvo significativas relaciones financieras con la compañía. Para la Fiscalía, estos movimientos resultan de «gran trascendencia» a efectos de la instrucción, porque permiten conocer quién controlaba la aerolínea cuando pidió el rescate.
El caso Plus Ultra se centra en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la compañía durante la pandemia. En el marco de la causa, el juez Calama acordó la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien sitúa como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir en dicha concesión. La intervención del teléfono de Rodolfo Reyes Rojas, uno de los socios citados en el informe de la UDEF, ha sido clave para esta línea de investigación.
A la espera del nuevo análisis policial, la instrucción del caso Plus Ultra continúa abierta. El informe deberá precisar quiénes eran los propietarios reales de la aerolínea desde su fundación, cómo se financió y si la llegada de capital venezolano debió tenerse en cuenta a la hora de evaluar su solicitud de ayuda pública.