El Gobierno español ha conseguido salvar el escudo anticrisis ante la escalada del conflicto en Irán, prorrogando las rebajas fiscales en los carburantes hasta el próximo mes de octubre. El Ejecutivo logró atar los votos de sus socios habituales en el último Pleno del curso, pese a las críticas de formaciones como Podemos, que cuestionan las rebajas fiscales mientras las grandes energéticas disparan sus beneficios. La medida, articulada mediante un Real Decreto-Ley aprobado a finales de junio, incluye una cláusula de reactivación automática de los alivios fiscales si la inflación de los carburantes supera el 15%.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió el diseño de las medidas calificándolo de «prudente» ante la «volatilidad aumentada» del conflicto en Oriente Medio. Cuerpo señaló que la reactivación de los ataques en los últimos días recuerda que, pese a los avances, la dependencia energética exterior sigue teniendo costes elevados, especialmente fuera del ámbito eléctrico. El Gobierno considera que las medidas están funcionando para hacer frente a las consecuencias más inmediatas de la guerra en los hogares y las empresas, aunque se han sustituido las rebajas del IVA por alivios a través del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Los socios parlamentarios del Ejecutivo advirtieron que su apoyo no constituye un «cheque en blanco». El diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, aseguró que no bloquearán la convalidación del decreto, pero fue muy crítico con las rebajas fiscales aprobadas. Sánchez Serna insistió en que las petroleras «no necesitan más regalos» tras conocerse los resultados de Repsol, que ha cuatriplicado sus beneficios por las subidas de los carburantes. «¿Son políticas de un Gobierno progresista o de izquierdas? Nosotros creemos que no», subrayó.
Junts confirmó su apoyo al decreto aunque lo tachó de «insuficiente» y con «agravios», al expirar la rebaja del IVA en la electricidad. El diputado neoconvergente Josep Maria Cruset criticó que, en uno de los momentos de máximo consumo eléctrico del año y en medio de las olas de calor, el Gobierno suba el IVA del 10% al 21%, provocando un sobrecoste para los ciudadanos. ERC también avanzó su voto a favor, pero remarcó que se trata de un «sí exigente». La republicana Teresa Jordà valoró positivamente la protección a consumidores vulnerables y el refuerzo de las medidas en renovables, aunque advirtió que eliminar un impuesto no es suficiente si no se aumentan otros.
Incluso desde el socio de coalición del PSOE, Sumar, llegaron críticas. La diputada Aina Vidal reclamó al Gobierno ir más allá de resistir, preguntándose por qué no se tributan las rentas per cápita o por qué no se asegura que el crecimiento llegue a las familias y trabajadores. Por su parte, el PP acusó al Ejecutivo de subir los impuestos a las familias al sustituir las rebajas en el IVA por alivios a través del tributo de hidrocarburos. El diputado popular Jaime de Olano lanzó un duro mensaje al Gobierno, acusándolo de ser «más corruptos que pésimos gestores» y de no hacer políticas sociales, sino «políticas socialistas donde la gente sufre y algún socialista se forra».
Las medidas fiscales estarán en vigor hasta octubre e incluyen una rebaja progresiva en el impuesto especial de hidrocarburos. Según los cálculos del Gobierno, la rebaja será de 20 céntimos por litro en julio; en agosto, de 15 céntimos por litro; en septiembre, de 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos. El Real Decreto-Ley incluye una cláusula automática de reactivación de la rebaja, por la que se elevará hasta los 20 céntimos por litro si la inflación de los carburantes supera el 15%. Esta cláusula también se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose si se disparan en ese mismo porcentaje.
Además, el decreto suprime progresivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), conocido como el impuesto del 7% a la generación. Este tributo se reducirá un 30% durante el tercer trimestre de 2026, como parte del paquete normativo para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio. El Gobierno confía en que estas medidas proporcionen un balón de oxígeno a los sectores más afectados, como el campo y los transportistas, mientras la situación geopolítica continúa siendo incierta.