La Agencia Tributaria ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama la suspensión de la inspección fiscal abierta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa, a sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, y a la sociedad Whathefav SL, mientras continúe la investigación penal que se sigue contra ellos en el marco del denominado caso Plus Ultra. En un escrito al que ha tenido acceso El Independiente, Hacienda argumenta que existe una «prejudicialidad penal» que justifica paralizar el procedimiento administrativo, ya que los hechos que se están comprobando en vía tributaria podrían coincidir con los que investiga la Audiencia Nacional.
La inspección, iniciada el pasado 15 de junio por la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT en Madrid, abarca los ejercicios fiscales comprendidos entre 2021 y 2024, y afecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), al Impuesto sobre el Patrimonio y al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. En el caso de la sociedad Whathefav SL, también se revisarán el Impuesto sobre Sociedades y el IVA. La Agencia Tributaria ha comunicado formalmente al juez la apertura de estas actuaciones inspectoras, que incluyen a Zapatero, su familia directa y a Julio Martínez, así como a varias sociedades vinculadas a este último, según ha confirmado también Antena 3.
Hacienda justifica su petición de suspensión en varias razones de peso. En primer lugar, invoca un criterio de «economía procesal», al considerar que no es lógico que varios órganos judiciales y administrativos investiguen simultáneamente los mismos hechos. Además, subraya que la investigación penal dispone de «mayores y más intensas facultades investigadoras» que la inspección tributaria, por lo que resulta más eficaz que sea la Audiencia Nacional quien esclarezca primero los hechos. La Agencia Tributaria también alerta del riesgo de que ambas vías alcancen conclusiones incompatibles, lo que podría perjudicar el buen fin de las investigaciones. Añade que parte de la documentación necesaria para la inspección podría encontrarse incautada en el proceso penal, lo que dificultaría las comprobaciones administrativas.
El caso Plus Ultra, que da nombre a la investigación penal, se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de la aerolínea Plus Ultra y su posible vinculación con el expresidente Zapatero. La Audiencia Nacional investiga desde hace meses si hubo trato de favor o delitos económicos en las operaciones de la compañía, que recibió ayudas públicas durante la pandemia. La inspección fiscal ahora suspendida busca determinar si las declaraciones tributarias de Zapatero y su familia en los últimos años se ajustan a la legalidad, en un contexto de creciente escrutinio sobre las finanzas del exmandatario.
La decisión final sobre la suspensión recae en el juez Calama, quien deberá valorar si concurren las circunstancias de prejudicialidad penal alegadas por Hacienda. En caso de que el magistrado no acceda a la paralización, la Agencia Tributaria advierte de que continuará la inspección mediante la emisión de liquidaciones administrativas de carácter provisional y, en su caso, la imposición de las sanciones tributarias que los órganos competentes estimen procedentes. Esta postura deja abierta la posibilidad de que, si el juez no ordena la suspensión, la vía administrativa avance de forma paralela a la penal, con el consiguiente riesgo de duplicidad de esfuerzos y posibles contradicciones.
La petición de Hacienda se produce en un momento de especial atención mediática sobre la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, quien gobernó España entre 2004 y 2011. El expresidente ha negado reiteradamente cualquier irregularidad en sus asuntos fiscales y ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia. Por su parte, fuentes cercanas a la defensa de Zapatero han señalado que la inspección fiscal forma parte de un proceso rutinario y que confían en que se aclararán los hechos sin consecuencias legales adversas.
El caso Plus Ultra ha generado un intenso debate político y judicial en España, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición sobre el uso de fondos públicos y la transparencia en la gestión de las ayudas. La investigación penal se encuentra aún en fase de instrucción, y la decisión del juez Calama sobre la suspensión de la inspección fiscal podría tener implicaciones significativas en el desarrollo del caso. Mientras tanto, la Agencia Tributaria mantiene su postura de que la vía penal debe prevalecer para evitar duplicidades y garantizar la coherencia de las conclusiones.