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El juez Calama autoriza a la UDEF acceder a más de 60 cuentas de Zapatero y su familia

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Policía a acceder a más de sesenta cuentas bancarias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, sus hijas y su secretaria, en el marco del caso Plus Ultra. El auto judicial señala que Zapatero sería el principal beneficiario de una trama de influencias ilícitas canalizada a través de un entramado societario controlado por el empresario Julio Martínez.

Este artículo se ha producido con ayuda de IA bajo la responsabilidad editorial de Haydamax OU.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha autorizado a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a acceder a más de sesenta cuentas bancarias pertenecientes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura, y su secretaria Gertrudis Alcázar, así como a varias sociedades vinculadas a su entorno. La medida se enmarca en la investigación del denominado caso Plus Ultra, que indaga un presunto entramado de influencias ilícitas.

Según el auto judicial, la UDEF presentó un informe en junio en el que alertaba de «flujos de fondos de interés» que implicaban «a los principales beneficiarios de la estructura societaria controlada por Julio Martínez Martínez», identificados como José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas. El juez Calama sostiene que existe una «estructura jerarquizada» en la que Zapatero figura como beneficiario principal, Julio Martínez como gestor y canalizador de los fondos, y un entramado de sociedades creado para ocultar el origen y destino del dinero, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir la trazabilidad con movimientos internos sin lógica económica.

El auto detalla que los clientes de la trama —como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva o Softgestor— actuaban como fuentes de financiación encubierta, mientras que sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind o Zenzap funcionaban como instrumentos para introducir y redistribuir los fondos hacia Zapatero, Whathefav y otras empresas del entorno de Julio Martínez. Entre las cantidades investigadas, la UDEF ha identificado transferencias por 490.780 euros desde la empresa Análisis Relevante de Martínez al expresidente entre 2020 y 2025, así como un «volumen muy superior» de pagos justificados en teoría por servicios profesionales como conferencias o asesoramiento estratégico.

En concreto, se han registrado ingresos en cuentas de Zapatero procedentes de Kreab Iberia (851.180 euros), Thinking Heads Group (649.552 euros), Gate Center (352.980 euros), Kreab Worldwide (105.000 euros) y Focus Social Research (200.000 euros), entre otras. El juez destaca que este último pago está vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana. También aparecen pagos de Chinalink (159.034 euros), Mimo Advisors (104.410 euros) y Bright Digital Solutions (53.000 euros).

La empresa Whathefav, administrada por las hijas de Zapatero, aparece como «la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez» después del propio expresidente. Según la investigación, esta sociedad recibió 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena; 18.150 euros desde Pickashop; y 561.440 euros desde Inteligencia Prospectiva, esta última descrita como una sociedad instrumental para introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas. Además, desde Gate Center ingresaron 171.727 euros y desde Thinking Heads 12.297 euros. Desde la cuenta de Whathefav se transfirieron posteriormente 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, con José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado en ambas cuentas.

La investigación también revela que una cuenta del Banco Santander del expresidente funcionaba como receptora de fondos, desde la cual se redistribuía el dinero a otras cuentas. Incluso, desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante una transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros. El juez Calama considera que el acceso a las más de sesenta cuentas bancarias es necesario para continuar con las pesquisas y determinar tanto el origen como el destino final de los fondos presuntamente ilícitos.

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