La renuncia de Manuel Adorni, hasta ahora jefe del Gabinete de Ministros y principal portavoz del Gobierno de Javier Milei, ha sacudido la política argentina. El escándalo comenzó el 8 de marzo, cuando una fotografía oficial mostró a la esposa de Adorni viajando en el avión presidencial durante una visita a la tumba de un rabino en Nueva York. Aunque el Ejecutivo había prohibido en 2024 el uso de vuelos oficiales para fines privados, Adorni justificó la presencia de su mujer argumentando que ella tenía un billete propio para el viaje y que ambos regresarían en un vuelo comercial. Sin embargo, el coste de esos billetes —unos 9.000 euros— despertó las primeras sospechas sobre su patrimonio.
La investigación judicial inicial, que buscaba determinar si el Estado había costeado el viaje, fue archivada, pero dejó al descubierto una contradicción evidente: Adorni declaró al asumir el cargo un patrimonio de apenas 35.000 euros y múltiples deudas, con un sueldo mensual de unos 2.000 euros. ¿Cómo podía entonces pagar un viaje de 9.000 euros? A partir de ahí, los medios argentinos comenzaron a escarbar en su vida privada y descubrieron una serie de gastos que no encajaban con su declaración inicial.
Entre los hallazgos más llamativos figura un viaje familiar a Punta del Este, Uruguay, en un avión privado, que Adorni calificó como su único descanso desde que llegó al Gobierno. No obstante, se supo que el viaje lo había contratado el periodista Marcelo Grandio, amigo suyo cuya productora trabaja para la Televisión Pública. Poco después salieron a la luz otros desplazamientos: un viaje a Aruba, en el Caribe, a finales de 2024 y principios de 2025, y una estancia de cinco días en Bariloche con un gasto cercano a los 6.000 euros.
La fiscalía abrió entonces una investigación por posible enriquecimiento ilícito. Los investigadores detectaron que Adorni realizaba pagos mensuales de entre 2.300 y 3.500 euros, pese a que su salario oficial era de 2.000 euros. Muchos de esos gastos se abonaban con tarjetas de sus trabajadores o en efectivo, como la compra de un monitor gamer por 3.500 euros o un juego de sábanas y somiers por 6.000 euros, que una funcionaria pagó en efectivo y envió a la casa de campo de Adorni en Indio Cua.
Además, se descubrió que Adorni había adquirido una vivienda en el barrio porteño de Caballito y una casa de campo, cuyas reformas superaron los 200.000 euros y se pagaron sin factura y en efectivo. Ante el acoso mediático y judicial, el entonces número dos de Milei modificó su declaración patrimonial, aumentando su fortuna en cientos de miles de euros. En una entrevista, admitió que antes de asumir el cargo había generado junto a su esposa ahorros no declarados, algo que, según dijo, «hace la gran mayoría de los argentinos». También reconoció que, tras la muerte de su padre, encontró dinero guardado en la casa que heredó en La Plata, y que desde 2013 había invertido 200.000 dólares en bitcoins, obteniendo una ganancia de 3 millones de dólares.
La cascada de revelaciones ha provocado la dimisión de Adorni, quien era considerado el principal activo mediático de Milei para enfrentar a la prensa crítica. Su caída deja al Gobierno sin uno de sus pilares comunicativos y abre un frente judicial que podría tener más consecuencias políticas. La oposición ya ha solicitado que se investigue a fondo el origen de los fondos y si hubo tráfico de influencias en la contratación de los viajes privados.
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en el Ejecutivo argentino y la gestión de los recursos públicos. Mientras la Justicia continúa las pesquisas, el entorno de Milei intenta contener el daño político, aunque el escándalo ya ha dejado una profunda huella en la credibilidad del Gobierno.